En la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, se está ventilando el difícil caso de la empresa Forestal S.A., propietaria de la finca Los Álamos de Calingasta, una tradicional propiedad productora de maderas desde el fondo de la historia y que a fines de 1992, fue vendida por la familia sanjuanina González Aubone al Grupo mendocinoAbrego, vinculado al entonces gobierno de José Octavio Bordón, por 1,25 millones de dólares.

Esa finca que consta de 7.000 hectáreas en total, tiene desde hace unos años, solamente casi 1.000 hectáreas con la explotación de producción de maderas de álamos, donde trabajan unos 30 empleados que no cobraron sus últimos sueldos y el aguinaldo.

La empresa propietaria Forestal S.A., viene con serios inconvenientes desde hace varios años, los que la llevaron a sufrir una ejecución fiscal a manos del juez federal Leopoldo Rago Gallo, con la secretaría de Patricia Sanz, por una demanda presentada por la obra social OSPRERA, a lo que se sumaron deudas a Ecogas, el Departamento Hidráulica y la Municipalidad Calingasta.

Ya en esa época, el Grupo Abrego había participado de una parte del negocio al Grupo Campoy, también de la provincia de Mendoza, que tiene una participación minoritaria y que, al cabo de un tiempo, entró en conflicto con la empresa de Luis Alberto Abrego, lo que derivó en la intervención judicial.

Los sueldos

“Actualmente estamos en un conflicto por cierto muy complicado, donde no hay despidos, pero tenemos una empresa que está intervenida y con un conflicto societario”, explicó el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Sbry.

El funcionario explicó que “si bien los álamos están en etapa de producción en este momento, y no deberían existir problemas económicos, si tenemos un conflicto societario entre dos grupos de accionistas, lo que ha originado que un juzgado comercial intervenga y se genere una demora en los pagos de salarios”.

Por eso, el funcionario considera que “la deuda que tiene la empresa es salarial y de aguinaldos, tiene carácter alimentario por ser remuneraciones”, dictó la conciliación obligatoria y una intimación a que abonen las remuneraciones, “bajo apercibimiento de aplicar la sanción más grave que prevé el Pacto Federal del Trabajo, que es la clausura del establecimiento”.

Según Correa Sbry, “son 30 trabajadores y les deben una suma total de 100 mil pesos”, pero además la empresa tiene deudas de aportes importantes con lo que se duplicaría la deuda total superando los 200.000 pesos.

Además, Correa Sbry reveló que en la audiencia conciliatoria “se denunció una situación de irregularidad del trabajo registrado, porque hay trabajadores que no están registrados en la firma”, algo que el interventor judicial tendrá que solucionar.

“Lo que no podemos permitir es que los trabajadores sean rehenes de un conflicto comercial y porque se peleen los socios, no se paguen los sueldos a los trabajadores”, dijo el funcionario que se quejó del alto grado de conflictividad en el tema, porque se llegó al punto de que “la audiencia tenía más abogados que gente, porque cada parte fue con dos abogados”.