Calingasta: Conflicto por falta de acuerdo salarial

San Juan.- En el departamento cordillerano, los trabajadores municipales iniciaron ayer un plan de lucha que continuará hoy con la presencia de autoridades sindicales de la UPCN, que viajarán para apoyar el reclamo.
Mientras en toda la provincia y los municipios los aumentos del 25 por ciento empezaron a regir desde el pasado mes de abril, ya entrado junio en Calingasta aún no se efectiviza el aumento salarial que los gremios piden para unas 70 personas que trabajan en la Planta Permanente de la Municipalidad.

Atrás quedó una conciliación obligatoria en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, que finalizó con un fracaso porque no hubo acuerdo y por eso, los gremios iniciaron paros del personal en el municipio cordillerano.

Al respecto, el secretario gremial de la UPCN, Enrique Funes, calificó como una “situación complicada” a la que se vive en el departamento de Calingasta, porque “luego de 60 días de conversaciones, no hemos tenido ningún resultado ni nada que nos avizore un futuro feliz para esta gente”.

Es más, para el gremialista las noticias no podían ser peores, ya que en algún momento había un avance que luego la situación se volvió a retrotraer, “y la verdad que lo único que hemos hecho ha sido conversar y hablar de algunos números, pero sin alcanzar ningún acuerdo”.

El principal problema surgido es que para el intendente calingastino Robert Garcés, el departamento recibió los fondos de parte de la provincia como todos los municipios, “pero eso sólo nos alcanza para otorgar un aumento del 16, 5 por ciento a la planta permanente y política del municipio”, no obstante lo cual, “hicimos una segunda oferta del 18,7 por ciento pero no fue del agrado de los gremios” y ahora “estamos tratando de poder superar eso”.

Es más, Garcés asegura que a él le gustaría poder darles el 25 por ciento “pero todo pasa por conseguir los recursos y en eso estamos, incluso con la idea de corregir para el futuro la asignación de coparticipación municipal que tiene Calingasta para que tenga el mismo sueldo básico que otros municipios similares”.

Una deuda

Una de las cosas que más complica la negociación salarial, es el famoso enganche salarial sancionado a fines de 2010, por el cual, el intendente debe cobrar el 95 por ciento del sueldo del ministro de Gobierno y de ahí hacia abajo las otras categorías según un porcentaje que se ha establecido en esa misma ley municipal.

“Esto está vigente pero no se está cumpliendo y por eso se está generando una deuda”, reconoció Garcés, quien también reconoció que “por eso pedimos una asistencia económica para el departamento de parte de la provincia que debería alcanzar a un millón 200.000 pesos, aunque sea de una manera paulatina como para ir pagando mensualmente un monto que pueda ir saldando esa deuda y terminar con la actualización y la deuda a finales de 2012”.

Sin salida

Para los gremialistas, el intendente “aprovecha esta situación de conflicto para pedir a la provincia una ayuda económica para otras cosas, como por ejemplo la deuda salarial con la planta política que se le ha generado desde 2010 en que se hizo un enganche con el sueldo del ministro de Gobierno”.

Pero sostienen que “si no se alcanza una solución es porque no hay voluntad, ya que en números globales, la diferencia entre lo que ofrecen y el 25 por ciento de aumento que es lo que pedimos, es de apenas de 37 mil pesos por mes, que dividido en 70 empleados es muy poco dinero por persona que aunque sea exiguo es una cosa muy importante para la gente”.

Hacienda

Garcés se escuda en que si la Provincia no le da un ayuda financiera a Calingasta, no se podrán pagar los sueldos, porque “la realidad es que a nosotros no nos queda ni un peso en la municipalidad después de pagar los sueldos y los costos de funcionamiento como combustibles, ART, seguro de movilidades, repuestos y ese tipo de cosas que vienen teniendo variaciones mensualmente”.

Por eso es que el jefe comunal dice que “le hemos pedido al ministro de Hacienda la posibilidad de sentar nos para blanquear la situación”, aunque hasta ahora la respuesta de Aldo Molina ha sido negativa y por ende, Garcés no firma con los gremios un aumento salarial “y nos manda a las audiencias, al secretario de Hacienda y un asesor legal que no tienen poder de decisión”, según denuncian los gremialistas.

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