El presidente del Colegio de Abogados, Alberto Gachón, cuestionó en duros términos la propuesta de la Función Ejecutiva de modificar el Código Procesal Civil de la Provincia. "Es un despropósito", resumió el representante de la entidad.

"Es un tema muy importante, porque está atentando contra el derecho de las personas. Se mete con el tema de los amparos, que está planteado en el artículo 43 de la Constitución Nacional", dijo Gachón.

El Presidente del Colegio sostuvo que es un error el planteo del proyecto de que solamente se puedan presentar acciones de amparo contra el Estado en la ciudad Capital, específicamente ante el Tribunal Superior de Justicia.

"Esta propuesta va en contra de lograr la celeridad de la Justicia, porque obligaría a quienes viven en el interior provincial a trasladarse hasta la ciudad Capital. Además de que atenta contra los jueces naturales, porque se estaría obligado a concurrir a la Capital", aseguró.

Gachón concluyó marcando que esta propuesta no es casual. "Están determinando que todas las causas planteadas contra el Estado sean presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia, que es el cuerpo más politizado porque son los jueces designados por el Ejecutivo con acuerdo del Legislativo, situación que no ocurre con los jueces inferiores, que ingresan por concurso", dijo.

Gachón fue muy crítico del accionar del Tribunal Superior de Justicia.

La propuesta del Ejecutovo Provincial

La propuesta del Gobierno provincial para modificar el Código Procesal Civil se encuentra actualmente en estudio en la Cámara de Diputados.

"El proyecto apunta a modificar dos cuestiones básicas: el ámbito de competencia de las demandas contra el Estado y las notificaciones que se realicen en todos los casos de actuaciones judiciales en los que estén involucrados los intereses públicos o privados de la Provincia", sostuvieron desde la Casa de Gobierno al presentar la iniciativa.

En el proyecto se determina que el ámbito de competencia de todas las demandas civiles que se presenten contra el Estado será en los tribunales de la Capital.

"Esto apunta a que el Estado pueda defender sus derechos con el cuerpo de abogados que tiene sin generar el gasto mayor que implicaría designar muchísimos abogados para poner en todas las circunscripciones judiciales en donde se radican las demandas", dijo el secretario general de la Gobernación, Luis Brizuela.