a situación de los motores a vapor que funcionan en la provincia es cada vez más precaria y preocupante. Pero lo más peligroso es la omisión por parte del Estado misionero. La autoridad de aplicación es el Ministerio del Agro que posee una caja de 10 millones de pesos destinados a estos controles y una ley hecha a medida para realizar un registro y las posteriores fiscalizaciones que debían comenzar en el mes de octubre de este año. A 22 días del corriente mes, hasta el momento no se hizo nada.