El legislador planteó hace diez días que la empresa Omar Jubete, a cargo de la obra, y funcionarios provinciales, habrían obtenido un beneficio económico por la extracción de caldenes por encima de lo que permite la legislación.

Peppino llevó la documentación de la presunta irregularidad a la FIA, donde lo recibió la fiscal subrogante, Gabriela Tavernero. Según el legislador, se devastaron caldenes y la constructora se habría beneficiado con la comercialización de toneladas de leña, postes y rollizos. Las sospechas apuntan también a los funcionarios e inspectores de Vialidad Provincial, organismo a cargo del ingeniero Horacio Giai.

La empresa de Omar Angel Jubete se adjudicó la obra a principios del año pasado por un monto cercano a los 30 millones de pesos. Se trata del tercer y penúltimo tramo de la denominada Ruta de la Cría, la ruta 13, entre la provincial 14 y nacional 143, con un tramo de 44,2 kilómetros de extensión. Para su terminación, solamente resta el cuarto y último tramo que desembocará en inmediaciones del paraje El Carancho.

Según Peppino, la empresa estaba autorizada a despejar el terreno en el trazo de la ruta y a quedarse con la leña producida de esa manera. Pero denunció que la extracción se excedió en varios metros a los costados del camino y que, además de toneladas de leña, generó postes y rollizos. Estos productos habrían redundado en un importante beneficio económico al comercializarse en el mercado.

Los permisos otorgados a la empresa, inicialmente, iban a generar 7.170 toneladas de leña de caldén. Pero el 19 de febrero de este año, la Dirección de Recursos Naturales realizó un recorrido por la zona y elaboró un informe que es lapidario. Personal de Vialidad había marcado con aerosol los árboles que se podían sacar y los que la empresa debía conservar.

"Durante el recorrido se observó que partes de los árboles señalados como para conservar han sido aprovechados, extraídos y sus restos quemados. Por otro lado, los que no han sido extraídos, en su gran mayoría fueron aprovechados de muchas maneras. Cabe mencionar que los caldenes extraídos o aprovechados de esta forma corresponden a los mejores individuos, lo cual se observa en los restos existentes, de allí que fueron señalados para su conservación", señala el informe de Recursos Naturales al que accedieron los legisladores opositores. "También se pudo ver la existencia de muchos caldenes cuya extracción estaba permitida que permanecen en pie, estando la mayor parte de los mismos aprovechados", indica en otra parte.

Los denunciantes también accedieron a una guía fiscal de junio de 2009 que incluía 5170 toneladas de leña de caldén verde y se registró un movimiento de 60 toneladas. Pero posteriormente, por solicitud de Vialidad Provincial, se cambió parte de la leña de la guía por postes y rollizos. Se emitió el 14 de septiembre otra guía fiscal que incluyó 4.690 toneladas de leña, 270 toneladas de postes de caldén verde y 150 toneladas de rollizos.

"¿Cuáles fueron los fundamentos sobre los cuales Vialidad modificó su criterio en cuanto al tipo de producto forestal a obtener, qué técnicos fueron los que avalaron la solicitud y quién fue el funcionario que autorizó en tal sentido?", se preguntaron los denunciantes. Las guías tienen como destino Santa Cruz y Casa de Piedra, lugares comerciales de la producción.

El bosque afectado es un área natural protegida bajo la categoría bosque "amarillo". Allí sólo se pueden realizar actividades, según consigna la legislación, "de forma tal y con una intensidad que permita mantener la biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración del bosque nativo". "Eso no se condice con la realidad actual", plantearon los frepamistas en la denuncia.

El diputado consignó que esa zona está comprendida dentro del "área amarilla", según lo determinado por la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción en la Resolución 44/09, y de acuerdo a lo exigido por la Ley 26.331 de Conservación de Bosques Nativos vigente en nuestro país. Esto significa que es necesario un estudio de impacto ambiental por parte de los responsables de la obra pública, Vialidad Provincial, en este caso, y la respectiva autorización por parte de la autoridad de aplicación, la Dirección de Recursos Naturales, previo informe favorable de Ecología, para llevar adelante las construcciones.