Mientras el debate por la despenalización del aborto se desarrolla en ámbitos legislativos de la Nación con proyectos más o menos flexibles, en los hospitales públicos de la provincia ingresan por año 2.605 mujeres con diagnóstico de aborto.

Si bien no hay cifras detalladas sobre cuántos son espontáneos y cuántos provocados, el modo en que las mujeres llegan a las guardias, sangrando o con procesos infecciosos en ciernes, les indica a los médicos que la gran mayoría responde a abortos mal realizados, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Como ya es sabido, la cantidad precisa de procedimientos para interrumpir voluntariamente el embarazo es un misterio, pero existen proyecciones que sorprenden.

Uno de los métodos para conocer la dimensión de esta práctica clandestina es una encuesta a informantes claves de los Servicios de Ginecología y Obstetricia del sector público, realizada en 2007 por el Conicet, el instituto Gino Germani y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en varias provincias, entre las que estaba Mendoza.

El informe calculó que por cada una de las mujeres que recurren a un hospital por abortos mal hechos, otras siete no necesitaron ninguna atención médica, ya que pudieron acceder a un aborto seguro.

Si esta fórmula se aplicara a la provincia, resultaría que son 18.235 los abortos realizados por año, lo que significa que aproximadamente se interrumpe un embarazo por cada dos nacimientos, ya que por año nacen más de 34.000 niños mendocinos.

Estos datos fueron analizados por el subsecretario de Salud, Enrique Quesada, y la jefa del programa de Salud Reproductiva, Alicia de Motta.

“Yo no sé bien qué solvencia tiene esta proyección de abortos, pero con sólo calcular qué porcentaje representan los abortos de la totalidad de egresos de los hospitales públicos que tiene la provincia, que suman 85.000 por año, la cifra sólo por el diagnóstico de aborto es importante, algo así como el 3% del total de egresos”, aclaró Quesada.

Sin embargo, para este funcionario el debate por la despenalización el aborto está mal enfocada.

“En mi opinión, el tema está desenfocado porque teniendo una ley que no se cumple, en lugar de preocuparse en hacerla cumplir, quieren una ley de Marte. En mi opinión, saltar de una situación que no se aplica lo que dice la ley a otra que permite el aborto libre, es exagerado”, indicó el funcionario.

Es que según Quesada, la aplicación del artículo 86 del Código Penal es obstaculizada por interpretaciones que hace la Justicia o los mismos médicos al respecto.

El artículo dice: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: (1) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; o (2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

Según Motta “esa letra ‘o’ se presta a interpretaciones y por eso no se cumple con este artículo. Yo creo que si esto se cumpliera, la situación mejoraría considerablemente”.

De todos modos, los entrevistados reconocieron que la despenalización del aborto funcionaría mejor educación sexual desde edad temprana y si la llegada de los anticonceptivos fuera aún más sencilla. Un ejemplo de esto, es que en lugares más alejados, el stock de anticonceptivos se mueve lentamente.

Los números

2.605 es la cantidad de ingresos por abortos que atienden anualmente los hospitales públicos.

3porciento es el porcentaje que representan los abortos respecto de todas las patologías que atienden los hospitales públicos.

18.235 es la cantidad de interrupciones de embarazos que se harían en la clandestinidad.