"Es un atropello sin ningún sentido", planteó el radical Avignone. "Es un decreto de dudoda legalidad", advirtió el bussista Viña

CONVIDADOS DE PIEDRA. Avignone y Viña aseguran que el intendente se olvida de las atribuciones del Concejo. LA GACETA / FOTO DE EZEQUIEL LAZARTE

El decreto mediante el cual el intendente, Domingo Amaya, centralizó el manejo del dinero ($ 10,5 millones al año) destinado a las cuentas especiales en manos del contador general del municipio, generó sorpresa y enojo entre los concejales de la oposición. Consideran que la disposición firmada el 28 de febrero viola las facultades del Concejo Deliberante.

Así lo interpretó el bussista Claudio Viña, quien afirmó que Amaya ignora la existencia y competencia del cuerpo deliberativo en materia presupuestaria y de contabilidad. "Lo que hizo el intendente, mediante el decreto 0644/12, es totalmente violatorio de las facultades del Concejo y, además, vulnera el organigrama del Departamento Ejecutivo ya que subordina secretarios de Estado a decisiones de funcionarios de inferior rango jerárquico, como lo son el tesorero y el contador general. Con este sistema de unificar las cuentas especiales en una sola Caja General de la Tesorería, se altera el espíritu de las cuentas especiales, las que por ordenanza de creación tienen un fin específico y 'especial', y deben figurar en el Presupuesto de cada área", fundamentó Viña, quien integra la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo.

La nueva disposición firmada por Amaya establece que las cuentas especiales deberán operar por orden conjunta del contador general y del tesorero general. Para tal fin, el jefe municipal creó una cuenta única, denominada "Caja General de la Tesorería".

Las cuentas especiales fueron creadas como un complemento financiero de las reparticiones municipales a la denominada "caja chica". La primera cuenta especial fue dispuesta por ordenanza en 1984 y se denominó Fondo Municipal de Cultura.

Según Viña, al unificar las cuentas especiales en una sola, "se busca, inequívocamente, realizar una transferencia de partidas, de dudosa legalidad, donde la cuenta especial de una repartición financie a la otra". "Además, dos funcionarios (el contador general y el tesorero general) deben estar independizados del funcionamiento cotidiano de las reparticiones, y dedicados al control preventivo y/o posterior del gasto. No pueden estar decidiendo el gasto, sino auditándolo", remarcó el edil.

"Lamentablemente, de este tipo de decretos, tan importantes para el control del gasto público, nos enteramos por el diario LA GACETA y no por la vía que corresponde. Por ello, y ante la duda, voy a presentar un proyecto de ordenanza para que se declare nulo el mencionado decreto 0644/12, y también para que se derogue la obsoleta ordenanza 2870/99, que no incluye muchas cuentas especiales que fueron creadas con posterioridad y que seguramente este decreto también intenta rapiñar", fustigó el representante de Fuerza Republicana.

Por su parte, el radical José Luis Avignone calificó de "inconstitucional" el decreto rubricado por el intendente de la capital. "Observo que se ha violentado el principio de supremacía de la Constitución, consagrado en su artículo 31, que establece que los más altos mandos subordinan a los inferiores y todo el conjunto debe subordinar a la norma superior. Cuando esta relación de coherencia se rompe hay un vicio que hasta un estudiante de primer año de Derecho lo sabe", criticó Avignone. "Además, la modificación debió hacerse a través del Concejo. Amaya debió presentar un proyecto de ordenanza para que sea estudiado por el cuerpo", agregó el edil radical.

"No es la primera vez que le hago notar al intendente este tipo de atropellos que no tienen ningún sentido. Todavía algunos pensamos que la Constitución y las leyes son para cumplirlas y respetarlas", espetó Avignone.