Se trata de una fuente de ingresos nada despreciable, y menos en un municipio en el que los salarios se “comen” el 74 por ciento de los ingresos. Eso asegura el concejal juecista Esteban Dómina en relación al servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV), una prestación hoy tercerizada que la gestión de Ramón Mestre quiere reconcesionar a privados desde el arranque de 2013.

Esta semana ingresó al Concejo Deliberante el nuevo cuadro de tarifas propuesto por la UCR, que aplica una suba del 81 por ciento en el corto plazo y reserva otro incremento del 170 por ciento (sobre lo que hoy se cobra) para cuando arranque la nueva concesión (el plan es enero próximo).

Dómina se opone a esto ya que insiste en que se trata de una opción, a todas luces, menos conveniente para la comuna que hacerse cargo del servicio. Según un cálculo modesto realizado por el edil sobre datos del funcionamiento de la ITV aportados por la Secretaría de Transporte del municipio (integran un anexo del proyecto que entró al Concejo), con la primera suba de tarifas –que regiría en diciembre–, las tres plantas de ITV recaudarán al menos un millón de pesos mensuales. Eso da un total anual de 36 millones de pesos al año, sin computar la suba que podría detonarse si comienzan a realizarse controles exigiendo la oblea a los autos, algo que no sucede desde hace mucho tiempo.

“No existen razones valederas para resignar los beneficios económicos que genera la operación del sistema. Esa tarea no es compleja, ni requiere de inversiones desmesuradas, ni una dotación de personal superior a una veintena por planta”, apuntó Dómina a Día a Día. El cálculo del edil se basa en la estimación de 221 inspecciones diarias por planta que, asegura, se realizan actualmente. Valuada a un costo promedio de 200 pesos, arroja una recaudación diaria de unos 45 mil pesos que, al mes, equivale a un millón por planta. “Un millón de pesos mensual por planta, cuyo mayor costo sería la planilla salarial de 20 personas por cada una de ellas”, señaló el juecista. El primer aumento previsto sube de los 55 pesos actuales el arancel para autos particulares a 100 pesos, y luego de la nueva concesión lo pauta en 150 pesos. Para taxis y remises –obligados a inspecciones semestrales–, el costo se irá de los actuales 63 pesos a 173 al ser reconcesionados, y en caso de los camiones crecerá de 110 a 300 pesos.

Inversiones. “Nuestro cálculo de recaudación es de mínima porque se basa en el flujo actual de vehículos, que seguramente se va a duplicar en el corto tiempo cuando se exija la oblea. Es una clientela cautiva por la ITV es obligatoria, no requiere publicidad y el municipio se va a quedar con las tres plantas al terminar los actuales contratos. ¿Dónde está la conveniencia de entregar a privados ese servicio?”, insistió Domina. Y aseguró que si bien es necesario invertir en las plantas –que trabajan con tarifa congelada desde 2009 y por tanto dejaron de hacerlas–, no se trata de gastos imposible para la comuna. “Son perfectamente financiables con ese flujo constante de ingresos”, dijo.

Las concesiones bajo las que operan las tres plantas de ITV (Circunvalación, Cárcano y Japón) vencieron hace tiempo, pero fueron renovadas varias veces ante el fracaso de la licitación por 10 años que intentó Daniel Giacomino. Las actuales operadoras reclaman hace tiempo actualización de tarifa, ya que no se toca desde 2009. A ese cuadro se suma el relax del municipio a la hora de exigir la ITV, lo que resulta en que menos de un tercio de los autos la realice. El municipio insiste en que deben reconcesionarse para exigir la “renovación integral” de las plantas, con equipamiento muy antiguo.