Por Redacción Día a Día

La administración delasotista niega de manera terminante que haya sido encargada por el Gobierno provincial. Pero lo cierto es que en los últimos días una encuesta telefónica está consultando a los ciudadanos cordobeses su parecer sobre una serie de medidas de ajuste que eventualmente serían aplicadas sobre el régimen previsional provincial, buscando reducir el alto déficit que tiene la Caja de Jubilaciones.

La encuesta –que se puede escuchar en la pestaña que se encuentra junto a la fotografía, en la parte superior de la nota–, consulta a los entrevistados si estarían de acuerdo, o no, con:

A) Reducir haberes. Bajar un 18 por ciento las jubilaciones más altas, sin precisar a partir de qué piso sería el recorte.

B) Aumentos demorados. Pagar los aumentos de haberes a los jubilados provinciales seis meses después que a los empleados en actividad.

C) Subas a la mitad. Que los jubilados de la Caja perciban durante un año sólo la mitad de los aumentos de salarios que reciben los activos.

Todas estas posibilidades son deslizadas en la encuesta telefónica luego de que una agradable voz femenina recuerda la deuda que la Nación mantiene con Córdoba por la Caja de Jubilaciones: 1.040 millones de pesos. Incluso, la consulta plantea el grado de acuerdo con el hecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia, tal como lo hizo la Provincia el lunes pasado.

La investigación telefónica también le pide a los entrevistados que califiquen como “excesivo”, insuficiente” o “inadecuado” el haber promedio de un jubilado provincial, que hoy está en 6.800 pesos.

Ajuste y plebiscito. Asimismo, la encuesta releva la opinión de los cordobeses sobre lo que debería hacer el gobernador José Manuel de la Sota en caso de no modificar los haberes previsionales.

En ese sentido, pregunta sobre las áreas de la administración del Estado provincial sobre las que deberían practicarse ajustes que permitan solventar el “rojo” de la Caja. “Salud”, “Educación”, “Obras Públicas” y “Rutas”, son las cuatro opciones que ofrece la consulta que suena en los teléfonos de muchos cordobeses por estos días.

Además, la consulta pregunta si se estaría de acuerdo en que el Gobierno realizara un eventual plebiscito para decidir algún tipo de ajuste sobre los haberes jubilatorios. Finalmente, la encuesta pide recordar a quién se votó para las últimas elecciones a gobernador, y las tres opciones planteadas son: Oscar Aguad, José Manuel de la Sota ó Luis Juez, en ese mismo orden.

Consulta a los gremios. Casi como si ya tuviera los resultados de la encuesta en sus manos (aunque desde la Provincia negaron que fuera de su autoría), De la Sota anticipó ayer que analiza cambios en el sistema jubilatorio, aunque no quiso anticipar cuáles serían esas modificaciones. “Primero lo debo conversar con los gremios”, se excusó. Lo que sí aseguró es que no tocará el 82 por ciento móvil de los haberes. “No voy aceptar que bajen las jubilaciones, como piden algunos”, dijo, en alusión al reclamo de legisladores K para revisar el cálculo para liquidar los haberes provinciales.

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Fuertes cruces con el kirchnerismo por el 82%

La presentación de la Provincia ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones abrió ayer una fuerte pelea política entre kirchneristas y delasotistas.

El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Fabián Francioni, insistió en que Córdoba debe analizar si está en condiciones de seguir pagando el 82 por ciento móvil a los jubilados. Recordó que la ecuación en la Caja de Jubilaciones es un pasivo cada 1,8 activos y señaló que los jubilados del sector público son subvencionados por el resto de los contribuyentes.

El planteo del parlamentario K mereció una fuerte réplica del jefe de bloque de Unión por Córdoba en la Legislatura, Sergio Busso, quien acusó a Francioni de no hacer el planteo por “convicción” sino por “alguna cuestión vinculada al dinero”.

Más demandas. José Manuel de la Sota anticipó ayer que analiza realizar “otras demandas” contra el Gobierno nacional, después de la presentación realizada el lunes por el no cumplimiento del convenio para cubrir el déficit de la Caja.

Si bien no dio detalles, un reclamo sería por el 15 por ciento de coparticipación que la Nación retiene a las provincias desde la época de las AFJP.