La historia de Apablaza cruza todos los espacios de la violencia política desde los 70 para acá. Fue secuestrado por la dictadura de Pinochet cuando era activista estudiantil. Lo expulsaron del país y viajó a Cuba, donde recibió adiestramiento militar. Combatió después contra Somoza en Nicaragua y al volver a Chile y ya bajo el gobierno democrático de Aylwin, en 1991 participó en el asesinato de un senador derechista y en el secuestro del hijo de un empresario periodístico.

Y en ese final del recorrido está el punto clave: por el crimen y el secuestro lo reclama la Justicia chilena. Apablaza vivía aquí en la clandestinidad y fue detenido por Interpol en 2004.

Estuvo preso hasta que el juez Bonadio rechazó la extradición.

Desde entonces solicita asilo político.

El fallo de Bonadio fue apelado ante la Corte por el procurador Righi. Con argumentos que destruyeron a los del juez: dijo que ni el asesinato ni el secuestro podían considerarse delitos políticos porque habían sido cometidos en democracia. Para Righi, ex ministro de Cámpora, no se puede reivindicar la violencia en democracia.

En todos estos años, la Corte le pidió al Gobierno que definiera la cuestión del asilo para pronunciarse. Nunca tuvo respuesta: f ue la manera K de gambetear el reclamo chileno . Ni sí ni no a la extradición, pero de hecho Apablaza sigue acá.

Ahora se trabó la bicicleta. Los Kirchner tienen dos caminos: bancarse la extradición o satisfacer a una porción de su electorado.