Dos causas más por presunta corrupción en la administración pública cayeron en estos días a partir de cuestionamientos formales de la Cámara del Crimen de Viedma.

En menos de 15 días, la Sala A -que preside Eduardo Giménez- anuló distintos procesamientos de ex funcionarios públicos en tres investigaciones.

A la reciente anulación del procesamiento del exministro Diego Larreguy se sumaron fallos parecidos relacionados con el Ipross y Deportes.

Esta sucesión de anulaciones fueron advertidas por el Poder Ejecutivo e incluso el gobernador Alberto Weretilneck insistió ayer en su pedido de "autocrítica" a la Justicia frente a las revisiones internas.

Recordó que deben analizar "si lo que hacen está bien o mal" porque no hay "mecanismo para evaluarlos" y los "jueces están de por vida". En ese marco se preguntó "qué pasa cuando la Cámara anula una indagatoria por un tecnicismo cuando está comprobada la gravedad del hecho".

Ayer se supo que la Sala A de la Cámara anuló procesamientos de exautoridades del Ipross al considerar que las imputaciones efectuadas no estaban precisadas adecuadamente en los procesamientos elaborados por el juez Carlos Reussi, a pedido de la fiscal Daniela Zágari. Se cuestionaron las requisitorias, indagatorias y procesamientos del extitular de la obra social, Alcides Pinazo, otros exfuncionarios, como Luis Wyss, Norma Bedis y María Zanardi, como también, la comerciante Carolina Taborda.

El voto rector correspondió a Giménez, con Francisco Cerdera y Pablo Estrabou como subrogantes. En su opinión, no se describe "adecuadamente cuál es la conducta que se atribuye a cada uno de los consortes en causa. No se informó en qué habría consistido el ardid supuestamente desplegado, cuáles fueron las conductas que llevan a imputar la construcción de un concurso aparente, en qué consistió lo que la intimación parece entender como un concierto de voluntades dirigido a concretar una maniobra defraudatoria".

La acusación aseguraba que la proveedora, en forma ardidosa por tratarse de una compulsa aparente, sin participación de otros ofertantes, cotizó material descartable en la suma de 14.583,30 pesos, monto significativamente superior al precio de mercado, generando así un perjuicio al erario público.

Simultáneamente se conoció la nulidad también para lo actuado en la causa en la que se imputa al exdirector de Deportes de la provincia, Carlos Guaita, por un hecho en el que se le objetaba la administración infiel de cerca de un millón de pesos. Este expediente se tramitó en el juzgado a cargo de Guillermo Bustamente, con Marcelo Álvarez como fiscal.

Estos casos se suman al fallo que recientemente benefició al exministro de Gobierno, Diego Larreguy y a dos privados -Sergio Iglesias y Gustavo Romeo- por la contratación directa de una agencia de publicidad -Versión Sur- para la emisión de spots por cerca de medio millón de pesos.