Ayer lo aprobó el Senado, con el rechazo de la oposición y el anuncio de acciones legales por parte de los militares retirados, y hoy completará el trámite la Cámara de Diputados.

"Tenemos derecho a la justicia", dijo el senador Rafael Michelini, a favor del proyecto. Su padre, senador y fundador del Frente Amplio, fue asesinado en Buenos Aires durante las dictaduras en el Río de la Plata.

En 1989 y en 2009, la ley de caducidad sobrevivió a dos plebiscitos y ayer la oposición le cargó al oficialismo la culpa de desconocer los pronunciamientos populares. Justo el día en que se cumplieron dos años del fracaso plebiscitario en el que la izquierda impulsó una enmienda constitucional para anularla, la Cámara de Senadores votó el proyecto por 16 votos afirmativos de 31 presentes.

El líder del opositor Partido Colorado, Pedro Bordaberry, terminó su exposición con una frase del prócer nacional José Artigas: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana". Dijo que la ley que se pretende sancionar rompe la tradición de respetar pronunciamientos soberanos.

Ahora, con este nuevo texto, la izquierda no sólo busca derogar la polémica amnistía, sino también evitar la prescripción de los delitos de la dictadura, aunque no está claro cómo la Suprema Corte de Justicia interpretará la norma. Para hoy, el Frente Amplio tiene asegurados sus 50 votos sobre un total de 99.

Esta vez, el presidente José Mujica no hizo movida alguna para impedir la votación. Ayer, cuando le preguntaron qué opinaba del proyecto, se limitó a decir que el tema "lo debe arreglar el Parlamento" y que él tenía otros asuntos que lo preocupaban más.

Sus asesores le transmitieron que el proyecto votado por su bancada puede tener efectos contrarios al buscado por la izquierda, porque será objeto de recursos de inconstitucionalidad y eso paralizará investigaciones judiciales en marcha.

Pero Mujica no vetará el texto, sino que lo convertirá en ley, según dijeron a LA NACION fuentes del gobierno. Los legisladores oficialistas, que rechazaron en mayo un proyecto similar, estuvieron ajenos al nuevo debate.

El senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro había renunciado a su banca en aquella discusión: ahora es ministro de Defensa. El senador Jorge Saravia se desvinculó del Frente Amplio y volvió al Partido Nacional: ayer votó con la oposición.

El senador Rodolfo Nin Novoa -que fue vicepresidente de Tabaré Vázquez- pidió licencia y dejó a su suplente, que votó a favor del texto. El diputado Víctor Semproni, que en mayo evitó que se votara la anulación de la ley, dijo que ahora lo convencieron con un nuevo texto.

La ley de caducidad se llama así porque estableció que "caducaba la pretensión punitiva del Estado" para juzgar las denuncias de víctimas de la dictadura. Cuando un juez recibía una denuncia, debía consultar al Poder Ejecutivo si el caso estaba amparado por ese beneficio. En los gobiernos de partidos tradicionales, se respondía que efectivamente el caso estaba amparado y ahí terminaba el expediente.

Pero los abogados de víctimas de la dictadura fueron encontrando hendijas en el curioso esquema legal. Fue así como pudieron ser procesados civiles, como el ex dictador Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, aplicó la ley de otra forma que administraciones anteriores y abrió paso a investigaciones con el argumento de que el Ejecutivo no podía definir si esos casos estaban o no amparados en esa norma.

En los últimos tiempos, el debate incorporó elementos nuevos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay por no aclarar el caso de la joven argentina María Claudia García de Gelman. Y la Suprema Corte consideró que a los militares de la dictadura no se les puede aplicar el delito de desaparición forzada ni la categoría "lesa humanidad", porque no existían cuando cometieron los hechos, por lo que prescriben a principios de noviembre.

El proyecto votado ayer establece que los jueces deben tipificar los delitos como "crímenes de lesa humanidad" y por eso no prescriben. Tras la votación de hoy, se abre un nuevo debate jurídico sobre el alcance de la nueva ley. Abogados de militares transmitieron que la recurrirán por inconstitucional y la mayoría de los expertos consultados por el Parlamento coincidieron en que el texto no se ajusta a la Carta Magna uruguaya..