A Silvia R. le gusta caminar y bailar: dice que no lo hace porque se cansa; que cuando concurre a algún evento, no puede sentarse, porque en la mayoría de los casos, hay sillas plásticas que no están hechas para aguantar tanto peso; que viajar, en avión, en ómnibus, en taxi, es para ella un incordio. Que no hay tratamiento para adelgazar que no haya probado, anfetaminas incluidas, en los últimos 35 años. Hoy, pisando los 50, Silvia se aferra a una cirugía bariátrica que, amparo judicial mediante, deberá pagarle la obra social provincial (Subsidio de Salud). Como Silvia R., centenares de tucumanos afiliados a obras sociales estatales (provincial, PAMI, Profe), sindicales o prepagas recurren en los últimos años a la Justicia, para hacer valer su derecho a la salud, consagrado en tratados internacionales, en la Constitución Nacional y en la norma provincial.

Sólo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que es la que recibe los planteos en contra del Subsidio (la obra social provincial concentra el 22% de la cobertura total, con 300.000 afiliados) hay- distribuidas en las tres salas - alrededor de 650 presentaciones en contra del IPPSS, sobre alrededor de 6.000 causas por temas diversos: casi el 10% del total de las causas que dirime ese instituto.

No sólo la obra social provincial está en falta. Hace una semana, el juez Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, hizo lugar a un reclamo de una pareja que pedía que su obra social le solvente un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad.

Del otro lado de la contienda, el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la Argentina (Cosspra) reconoce que hay una "judicialización de la salud", y la han bautizado "una nueva enfermedad del sistema sanitario argentino".

Sin embargo, para quienes deben impartir Justicia, la coyuntura es saludable, por más que los atosigue de expedientes y que los obligue a familiarizarse con cuestiones médicas. "Es que lo que antes eran consideradas dádivas (la silla de ruedas, el audífono) hoy son reclamos ajustados a derecho", apunta un magistrado.

En el ránking de patologías, las distintas discapacidades son las que más litigios disparan, afirma el abogado Juan Manuel Posse, coautor (con Carlos Fiori) de "Al amparo de la discapacidad".

Pero hay otras patologías que hay que llevar con frecuencia a Tribunales, principalmente porque no están incluidas en ese vademécum de prestaciones básicas que es el PMO o Prestación Médica Obligatoria, y que está siendo revisado, para su actualización (presionado por patologías emergentes y por nuevas tecnologías médicas). En ese grupo se incluyen, entre muchos otros, los distintos tratamientos contra la obesidad mórbida y los planteos como el que acaba de resolver el juez Poviña en el ábmito Federal, de fertilización asistida.

En el caso tucumano, el aluvión de sentencias favorables a afiliados de la obra social provincial tiene fecha: todo empezó el 6 de agosto de 2007, con una sentencia favorable a una afiliada que pedía prótesis para una operación de cadera. La fecha no es casual: en esos fallos - y en los que vendrían después- los jueces tucumanos empiezan a dictar sentencia con la Constitución provincial reformada en la mano. En ese entonces el Subsidio de Salud se amparaba en su postura de que no era obra social para desconocer su obligación a reconocer el PMO. Con el artículo 146 de la Constitución provincial en mano ("El Estado reconoce la salud como derecho fundamental de la persona..."), comenzó para los jueces lo que algunos de ellos definen como "un desafío de creación de Derecho, para resolver lo que entonces aparecía como un vacío legislativo".

Precisamente, la interventora del Subsidio de Salud, Nelly Ganim, dice que los fondos con los que cuenta la institución "no son ilimitados" (ver nota aparte).

Algo parecido esgrime Teresa Hernández de Ramayo, secretaria general de Sadop, gremio que nuclea a los profesores particulares. "Es cierto que hay malestar, porque el alfiliado demanda cada vez más. En nuestro caso (OSDOP), inciden las nuevas tecnologías; o patologías como la obesidad mórbida, que estamos obligados a cubir. O cuestiones relacionadas con la discapacidad, cuya cobertura es muy cara", afirma. Y agrega que el escenario de las obras sociales sindicales está particularmente revuelto. "Cuando dicen: 'Moyano reclama la caja', están en lo cierto. Lo que se reclama es la caja propia, ya que las obras sociales sindicales están siendo peligrosamente desfinanciadas, porque no les están devolviendo el dinero que les corresponde por la APE (Fondo para programas especiales)", enfatiza Ramayo.

En la Justicia provincial, en tanto, reconocen que esa manifiesta elevación del techo de los derechos de los cuidadanos implica, de suyo, el reclamo social de una reasignación de los recursos públicos: en este caso, el derecho a la salud que en 2006 fue consagrado, entre otros, por el actual ministro de Salud de la Nación y entonces vicegobernador, Juan Manzur.

Mediación

Las obras sociales provinciales (Cosspra) están reclamando, entre otras cuestiones; un cuerpo de peritos de consulta permanente para los jueces; capacitación en mediación y acciones de amparo; la estandarización de procedimientos de auditorías de trámite, y el enunciado de tratamientos alternativos, cuando estos fueran posibles.