La economía argentina, hace tiempo, está paralizada. Pero la inflación real no se detiene y, en ese contexto, se hace cada vez más difícil sostener las estructuras de los distintos niveles del Estado, que por las políticas clientelares del kirchnerismo se ha convertido en una suerte de elefante blanco hambriento.

Al no existir un sistema productivo que genere los recursos para sostener semejantes estructuras, está escaseando la comida para alimentar a este enorme paquidermo. Es decir, las cajas de recursos se están agotando e, inexorablemente, en algún momento, sobrevendrán los recortes. Un anticipo de lo que vendrá es la crisis con los efectivos de Prefectura y Gendarmería, a quienes se les intentó reducir a la mitad sus haberes, con la creencia de que no iban sublevarse al ser fuerzas de seguridad muy disciplinadas. El Gobierno nacional se equivocó feo en el diagnóstico, y está en una encerrona (ver página 5).

Al crecer exponencialmente y sin control el empleo público, el propio Estado, que suele ser implacable con cualquier empresario de una pyme cuando se le detecta que tiene un trabajador sin registrar, comenzó a negrear de forma cada vez más pronunciada a sus propios trabajadores. En muchos casos, hay empleados con más de la mitad de los sueldos constituidos por cifras no remunerativas ni bonificables. Los números del colapso hablan por sí solos: en los últimos tres años, el empleo público en la Argentina, en proporción, creció el doble que los puestos laborales en el ámbito privado. Se crearon cerca de 100 mil cargos, ya que se pasó en 2009 de 1.302.764 empleados (Nación, Provincia, municipios, organismos descentralizados, etc.) a 1.398.469 en el primer trimestre de este año. Se trata, en su gran mayoría, de puestos administrativos, sin función productiva.

En ese sentido, el caso de la provincia de Buenos Aires es más que elocuente. Según un informe del diputado Walter Martello (Coalición Cívica), entre planta permanente y transitoria hay 432,934 cargos, de los cuales 42.208 se crearon en los últimos 5 años, contabilizando el proyecto de presupuesto 2013 (ver aparte). A todo esto hay que sumarle los horas cátedras que reciben los docentes, los contratos políticos y las pasantías, que llevaría a que la planta de personal de la administración provincial supere, ampliamente, los 600 mil agentes. Así es como, en un región como el Gran La Plata, que hasta hace unas décadas era el principal polo productivo del país a partir del funcionamiento del polo petroquímico y los frigoríficos de Berisso, ahora tiene el 40% de su población económicamente activa viviendo del empleo público, a lo que se le suman las miles de familias que viven sólo con planes sociales del Estado nacional.

Ante este panorama, la provincia de Buenos Aires en 2013 necesitará endeudarse por la friolera suma de $ 13.500 millones, sin contar con el incremento salarial que deberá darle a los estatales en paritarias. Y lo tendrá que hacer en un contexto internacional en el que la Argentina prácticamente tiene vedado el acceso al mercado internacional de capitales. Por eso ya se están instrumentando medidas de achique, como la jubilación automática de miles de agentes (ver página 4).

“En el Estado está muy desordenado todo, porque se hace un manejo casuístico en el que se han creado áreas nuevas sin sentido. Hay una realidad: tanto las personas como las familias y los países no pueden vivir demasiado tiempo gastando por encima de sus posibilidades, es lo que está pasando en Europa y va a pasar en nuestro país”, le dijo a Hoy Pedro Andrieu, secretario de Comercio en el último gobierno de Juan Domingo Perón y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

“Por un lado están los ingresos y por el otro, la cuestión fiscal, donde hay graves problemas que se van acumulando porque el Estado nacional se financia con parte de la coparticipación federal que originalmente corresponde a las provincias, por lo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy hay cerca de diez provincias que tienen problemas financieros, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza”, concluyó el economista.

Esta situación lleva a que, al gastar gran parte de sus recursos en gastos de personal, no haya dinero para inversiones que apunten a desarrollar el sistema productivo y mejorar la infraestructura. Por eso, las obras viales brillan por su ausencia (la Argentina es uno de los países con mayores índices de accidentes de tránsito) y lo mismo ocurre con las obras hidráulicas, lo que condena a que, cada tres años, las recurrentes inundaciones hagan estragos en territorio bonaerense.