El juez federal Walter Bento aseguró este martes que la medida llevada adelante por Gendarmería en la sede de Cablevisión responde a una resolución suya que tiene como objetivo deshacer la fusión comercial entre Cablevisión y Multicanal.

Para el magistrado, esa operación comercial violó las normativas viegentes sobre Defensa de la Competencia.

"No se trata de un allanamiento", explicó.

La causa por la cual Cablevisión ha sido intervenida tiene que ver con una causa civil radicada en la Justicia Federal de la provincia de Mendoza.

La intervención

Cablevisión, empresa perteneciente al Grupo Clarín, informó hoy que efectivos de la Gendarmería Nacional se encontraban "allanando las oficinas de Cablevisión e impiden el ingreso y egreso de personal de la compañía", ante una supuesta denuncia presentada en Mendoza.

Personal de Gendarmería y la Policía Federal llevaron adelante el allanamiento en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en la calle Hornos al 600 de Capital Federal.

El procedimiento estuvo vinculado a una orden de allanamiento librada por el juez federal mendocin Walter Bento, en el marco de una denuncia de la empresa Supercanal, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano, contra Cablevisión.

"Es un hecho sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el Gobierno Nacional realiza a las empresas del Grupo Clarín", explicó Cablevisión.

Según fuentes de CV, los gendarmes que apoyaban a los funcionarios judiciales que realizan el allanamiento, llegaron acompañados por las cámaras de "6,7,8", programa de Canal 7 que se dedica a hostigar a medios y periodistas que no piensan como el gobierno nacional.

En un comunicado, la empresa explicó que la Gendarmería "tomó" el edificio central de la empresa que comparte con Fibertel, con unos 50 efectivos, quienes "revisan los bolsos de todo el personal de la compañía".

Como responsable de la denuncia, Cablevisión apuntó al Grupo Vila-Manzano, "uno de los multimedios aliados al Gobierno Nacional", quien habría realizado la denuncia.

Según señaló la empresa, se trata de "una maniobra con el auxilio de un juez mendocino para intentar intervenir Cablevisión". El mismo Grupo de medios mendocinos, que en el día de ayer salió a avalar la ley de Control de Papel, "ahora apela a un Forum Shopping (elección de un juzgado de modo arbitrario), en una provincia donde Cablevisión no tiene operaciones", agregó.

Según la empresa, lo que pretende el Grupo periodístico mendocino es "cumplir la tarea que el Gobierno Nacional no pudo", ya que "intenta avanzar sobre el patrimonio de una compañía privada e independiente que brinda servicio de televisión por cable e Internet a millones de argentinos".

El Grupo Vila-Manzano es uno de los "principales beneficiarios" de la publicidad oficial, finalizó.

Los medios de ese Grupo saltaron de $ 1,9 millones recibidos del Gobierno en 2010 a percibir una cifra de $ 16,6 millones durante este año.