Este cabildo pretende la defensa de la ley que está bloqueada por diferentes fallos judiciales en el interior del país. Una jueza federal de Mendoza suspendió la aplicación de la ley a través de una medida cautelar y ahora debe definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La ley -que modifica la ley de facto de radiodifusión, sancionada en la última dictadura- establece en unos de sus aspectos claves el ingreso en el sistema de radiodifusión de otras figuras jurídicas como entidades sociales, cooperativas y comunitarias, hasta ahora expresamente impedidas de hacerlo en favor de las sociedades comerciales.

"Esta ley nos da la posibilidad de tener más diversidad y pluralidad de voces", dijo Granero. "Permitirá que haya más periodistas con mayor diversidad ideológica y que el acceso a los medios de comunicación no sea por el poder económico o político".

Loreti, por su parte, resaltó que la concentración de medios afecta la libertad de expresión. "Esta ley fomenta el pluralismo, la diversidad, la producción local y, entre otros puntos, motiva a los medios que se rijan por normas éticas", expresó.

Además, resaltó que contempla la realización de audiencias públicas para otorgar y analizar la renovación de licencias de radios y canales de televisión.

También, cuestionó las medidas cautelares que mantienen suspendida la nueva ley. "¿Si esta ley toca intereses? Sí. Y está bien que así sea. Que afecte poderosos intereses de medios oligopólicos", expresó.

En la organización de la convocatoria participaron SIPREN, UTELPa, CPE, CTA, FEPAMCO, Cooperativa de Trabajo de LU 33, Comisiones Vecinales, UTEDYC, SADOP, Carta Abierta, Movimiento Evita, UNLPam, UPCN, Mujeres por la Solidaridad, Red x la Identidad, Corriente Martín Fierro, Juventud Socialista Zona Sur, Movimiento Pampeano por los DDHH y Concejo Deliberante de Santa Rosa.