La palabra “caballerizas” fue la que usó la presidenta Alejandra Martínez al referirse a los boxes de durlock que se construirán para subdividir las oficinas y delimitar virtualmente los espacios de trabajo en el nuevo edificio del Consejo.

Sucede que las dependencias administrativas y de atención al público se han trasladado a una sede en Colón al 6040, entre Victoriano Montes y Juncal, que alguna vez fue el ámbito administrativo de Supermercados Toledo.

Pero como los espacios son enormes y abiertos, y el Consejo necesita cientos de pequeños despachos con funciones diferenciadas, la pretendida solución fue realizar unas cajas de durlock tan pero tan bajas, que la presidenta decidió nombrarlas con la metáfora de las caballerizas.

Pero eso no fue todo, y en la conversación extractada de su Facebook: en el mismo contexto, la funcionaria hablaba de los empleados como “las tropas”. Esos empleados que ni siquiera fueron consultados sobre la disposición de los espacios, porque estos ya habían sido negociados con la superioridad, sin considerar que una comisión se ocupaba de estudiar la superficie y tomar decisiones que nunca se harían efectivas. Martínez se hacía la graciosa con sus amigas en un espacio virtual de acceso público, y les decía que no utilizaba el látigo para poner al personal en su lugar solamente porque “necesitaba votos” para su candidatura a diputada provincial.

A la vez, toda la relación se iba deteriorando, porque la mudanza era y sigue siendo un caos.

Este semanario ya ha expuesto con detalle las irregularidades de tipo administrativo que han rodeado estas acciones, pero baste recordar que la presidenta no ha previsto el dinero necesario para adaptar el nuevo edificio a las funciones que el Consejo desempeña. Recurrió a imputar el dinero para pagar los camiones de mudanza en una partida que se utiliza para el mantenimiento de las escuelas, lo cual en definitiva redundará en desmedro del funcionamiento de los edificios. Alguien podrá decir que faltó dinero, y no es cierto. Solamente se usó mal, como sucede cuando los encargados de administrar desconocen los procedimientos más elementales y los suplen con errores insalvables. Se pagaron fortunas en cajas de cartón, por ejemplo, que no se utilizaron: sobraron 800 de una compra de 1.000.

Pero al decir de los consejeros, los que ponen el hombro siguen siendo los empleados, sean ellos de proveniencia administrativa o docente. Los que están sentados en sillas con sus papeles arrumbados en el suelo son los empleados. Los que están adaptándose a un gigantesco salón colectivo que parece un centro de refugiados de guerra son los empleados, que acomodan mesitas recicladas con floreritos improvisados para convencerse de que ya estarán mejor. Los que delimitan el espacio con cinta de papel sobre el suelo son los empleados, mientras la jefa de inspectores regional Gabriela Salvi se encapricha con el despacho más grande, el alfombrado, el que da la sensación de poder que su militancia política le otorga.

Haras 21

Ahora las cosas avanzan, y por supuesto nadie se quedará callado con lo que está viendo. Por un lado, una de las consejeras escolares por la Unión Cívica Radical, Claudia Píccolo, se presentó por nota ante su presidenta, y le requirió la renuncia basándose en varios puntos. Inicialmente repudió los dichos de Martínez en el Facebook. A esto se suma una importante declaración acerca de la mudanza, que considera ha sido impulsada desde el bloque de Acción Marplatense. Dijo Píccolo sobre el traslado: “se promovió sin el debido tratamiento en el cuerpo, dado que mudarse -está claro- no significa sólo contratar un flete para movilizar muebles y cajas, sino también tomar los recaudos para que las instalaciones alberguen óptimamente al personal, acción que semanas antes la Comisión de Planeamiento trató de ejecutar con una visita al edificio, solicitada por las consejeras Carrasco y Mulade de su bloque, y a la que sólo acudimos la consejera Longhi y quien suscribe”.

Dice la consejera que, en realidad, los miembros de los bloques opositores y el personal se enteraron de que se trasladaban por los medios de comunicación, y que la presidenta fundamentó la urgencia en una supuesta orden de desalojo, que a su criterio no debe de haber existido, ya que hasta la fecha las oficinas de Recursos Humanos y Contralor siguen trabajando en el primitivo edificio de Colón 3180, es decir que continúan generando erogación en concepto de alquiler.

Pero la consejera solicita la renuncia de su presidenta aduciendo, no solamente la situación actual, sino haciendo un racconto de irregularidades que parecen no tener fin. Dice que desde su gestión se ha obviado dar curso a las demandas del Jardín Nº 937, poniendo en peligro a alumnos, docentes y auxiliares que allí asisten, no sólo por el riesgoso hundimiento del terreno, sino por la acumulación de pilas en el terreno lindero de propiedad municipal.

Y así comienza una enumeración de datos acerca de las diversas acciones administrativas poco claras en las cuales los consejeros se han visto envueltos, por acción u omisión de la Presidencia: “el 23 de marzo pasado amplié la denuncia que oportunamente motivara la renuncia del Sr. López, aportando información sobre las irregularidades en la contratación vía orden de trabajo por emergencias 2011, a la empresa Gotoma S.A. por $10.000 para la refacción de sanitarios en la EEM Nº 201. Asimismo, el pasado 1 de agosto informé al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires; el 5 de agosto -y con el mismo tenor- puse en conocimiento a la Fiscalía de Estado, Delegación Mar del Plata; y amplié en forma espontánea la presentación en la Unidad Funcional de Instrucción, Juicio y Ejecución de Delitos Económicos contra la Administración Pública Nº 10 del Departamento Judicial Mar del Plata, aportando en todos los casos una síntesis cronológica que demuestra claramente que desde Tesorería se pagó a la empresa en cuestión sin firma de contrato alguno, hecho que presume una malversación de fondos, dado que el acta de sesión que supuestamente avala la contratación, fue impugnada por el Bloque de la UCR, no habiéndose elevado la misma a lo Contencioso Administrativo para su previa resolución”.

La consejera considera que su presidenta ha incumplido atribuciones y deberes que competen a la función, estipulados en el artículo 164 de la Ley 13.688, tales como convocar a sesión fijando orden del día, presentar al cuerpo lo dispuesto por necesidad y urgencia para su tratamiento, y presidir sesiones especiales, a las que no fueron convocados todos los consejeros.

Por todo lo mencionado, le sugiere renunciar inmediatamente al cargo que ocupa “a fin de evitar continuar entorpeciendo el debido funcionamiento de este Consejo Escolar”.

Jockeys y jocketas

Pero, obviamente, no sería esa la única voz que reclamaría alguna forma de intervención en un escenario con semejante cantidad de actores, todos activos y con letra propia. Aún falta el SUTEBA, Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Sucede que el sindicato viene reclamando el traslado desde hace años, pero en su nota emanada de la Secretaría General afirma: “hoy -por la improvisación y la falta de planificación por parte de las autoridades- el traslado se torna caótico, con consecuencias negativas para el trabajador que realiza ahí sus tareas, como para el funcionamiento propio de las escuelas”.

Del relevamiento edilicio realizado por el SUTEBA, surgió información que se pone en juego, como que existen áreas que no pueden seguir funcionando como hasta ahora, ya que no se han realizado las obras de seguridad, ventilación, y demás. Por tal motivo, el gremio solicitó la presencia del Director de los Consejos Escolares y de Autoridades Educativas, es decir las directas autoridades de la Dirección General de Escuelas, con el fin de que intenten poner luz en este berenjenal.

Pero para hacer acuerdos hay que reunirse a hablar, y el martes 13 de septiembre, el Consejo no se reunió porque el bloque de Acción Marplatense no dio quórum para sesionar. Informan que la secretaria, responsable de llamar a sesionar en un cuaderno de comunicación de consejeros, escribió: “siendo las 9 horas, y no habiendo consejeros, me retiro al edificio de Colón e independencia”.

Afirman los presentes que no eran exactamente las nueve, y que en el Consejo había varios consejeros, incluso estaba la presidenta Martínez. Otras serán las razones que evitaron la sesión: si se abre el acta, no hay más remedio que hablar de lo que hay que hablar. Según algunos miembros del cuerpo, esta estrategia es la acostumbrada para que los consejeros desconozcan una cantidad de acciones que lleva adelante la presidenta, sin consulta. Fundamentan afirmando, por ejemplo, que hace ya dos meses que no se presentan informes desde Tesorería. Es decir que el resto de los consejeros desconoce el movimiento de las cuentas y los gastos que hacen de un organismo que es enorme, y funciona bajo su entera responsabilidad.

Y bien, este es el estado de cosas en el lugar donde trabajan los inspectores escolares, las personas que marcan la política educativa. Los que eligen y capacitan a los directores. Pero hay allí personas que ejecutan normas sobre los demás, y no pueden cumplir las reglas que rigen su propia tarea.

Es que los cargos en educación siguen siendo un medio para quienes, faltos de vocación, construyen un trampolín para alcanzar más rápidamente la beca eterna que significa una diputación provincial. “Dejad a las escuelas en paz”, sería lo más apropiado para la pancarta que habría que poner a la entrada del Consejo, para que cada uno de ellos la leyera a su paso, antes del inicio de la jornada. Esa jornada que sólo hace a su proyecto personal, lejos de las caballerizas.