El comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, avaló la postura de los intendentes de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, en torno a la problemática del agua potable.

Caleta Olivia (agencia)

Fue en el mes de abril cuando YPF cedió al gobierno de Santa Cruz, representado por la empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), alrededor de doce pozos acuíferos, sus respectivas líneas de acueductos y el manejo de las instalaciones de distribución que la misma petrolera posee en el predio de su planta deshidratadora de petróleo ubicada en Cañadón Seco.

Pero a esa instancia no se llegó por una simple buena voluntad de la operadora, sino por el reclamo que ejerciera la Comisión de Fomento encabezada por Jorge Soloaga debido a los serios problemas de abastecimiento que afrontan los vecinos de esa localidad.

Los cortes del suministro se producían no sólo porque la empresa priorizaba sus actividades industriales, sino también por una sucesión de piquetes que bloqueaban la planta deshidratadora, impidiendo que la planta de distribución pudiera ser operada.

Ante tal circunstancia, Soloaga advirtió sobe la posibilidad de iniciar acciones judiciales, según los casos, contra la operadora o líderes de sectores gremiales o agrupaciones que provocaban cortes del vital suministro a su comunidad, incluso bajo apercibimiento de hacerlos detener por la fuerza policial.

El funcionario fundamentó su postura en el hecho que “nadie puede cortar bajo ningún concepto, razón o circunstancia, y mucho menos escudarse en conflictos de naturaleza gremial, ningún servicio de agua, luz o medio de transporte porque eso está prohibido por una ley nacional que habla de prestación de servicios esenciales para la población”.

HACIA UN CONTROL ABSOLUTO

Esta problemática hizo que YPF se viera obligada a transferir todas sus instalaciones acuíferas, otorgándole el control operativo de sus instalaciones a Servicios Públicos y, de hecho, el control social y político a la citada Comisión de Fomento.

Ese acuerdo se firmó en Río Gallegos y entre otros detalles quedó establecido que el 70% del volumen de las captaciones (alrededor de 1.200 metros cúbicos diarios) iría para el consumo humano y el porcentual restante para YPF a fin que pudiera cubrir sus necesidades industriales.

Además, por separado, Cañadón Seco creó un Comité de Contingencias a través del cual, en caso de que hubiera una merma en las captaciones, se intimará tanto a YPF como a otras petroleras a restringir al máximo el agua para uso industrial “ya que todo el volumen producido se destinará en beneficio de los vecinos, sobre todo en la época estival donde hay mayor consumo”, indicó el comisionado.

Esto último tendrá mayor ponderación en abril de 2012, teniendo en cuenta que a mediados de ese mes vencerá la clausula del convenio que alude al porcentual del 70/30 y a partir de allí el 100% del agua de captaciones pasará a total dominio de SPSE y de la Comisión de Fomento.

AVALA POSTURA DE DI PIERRO Y CORDOBA

Soloaga aclaró que los pozos acuíferos a los que hacía referencia están ubicados en lo que se denomina “Area Cañadón Seco” y no tienen nada que ver con los que se utilizan para abastecer a Caleta Olivia.

Al mismo tiempo consideró que desde el punto de vista institucional, fue “acertada” la decisión de los intendentes Néstor Di Pierro (Comodoro Rivadavia) y José Córdoba (Caleta Olivia) de restringir el agua a las petroleras “para privilegiar las necesidades de sus comunidades”.

“No podía ser de otra manera –acotó- y yo no esperaba otra cosa de ellos porque todo esto se ajusta a una necesidad crucial generada por el problema del agua potable en nuestra región”.