El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, anunció ayer que instruyó al fiscal de Estado, Blas Meza Evans, para que efectúe una denuncia penal. Es con el objetivo de que se profundice la investigación sobre las fuentes de financiamiento de los Dragones, facción sindical de la construcción que luego de la violenta toma del yacimiento de Cerro Dragón el jueves 21 de junio, mantiene piquetes sobre las rutas que afectan la producción petrolera de la cuenca del Golfo San Jorge.

“Aquí se terminó la extorsión de estos violentos, que evidentemente fueron utilizados con propósitos”, planteó al reiterar que existen otros intereses, ligados a la política, detrás de lo que parece un reclamo sindical contra la operadora Pan American Energy (PAE).

“Pedí al Fiscal de Estado que se presente en la justicia provincial y formule denuncia penal con el fin de profundizar la investigación para esclarecer las fuentes de financiamiento del grupo Dragones, porque cada vez está más claro que detrás del ataque violento a las instalaciones de Cerro Dragón estuvo el objetivo de instalar el caos, la violencia e intentar presentar a este gobierno como débil y fácil de desestabilizar”, denunció.

“Vamos a terminar con este grupo de extorsionadores profesionales, ya que como señaló la Presidenta los que destruyen sus propios instrumentos de trabajo no son trabajadores ni tampoco les interesa las consecuencias que la paralización de la producción genera sobre quienes sí viven del trabajo y su salario”, subrayó.

Buzzi especificó que las instrucciones que le dio al fiscal de Estado incluyen citar a la empresa Contreras Hermanos, a la cual el gobierno chubutense denunció el sábado por haber financiado a los “Dragones” con depósitos que ascienden a casi 2,5 millones en un año.

“Al no existir personería gremial (los ‘Dragones’ constituyen una asociación mutual que no tiene reconocimiento legal como sindicato), las transferencias que ellos (Contreras) le han hecho no tienen nada que ver con los aportes obligatorios. Estos aportes, hay que dejarlo muy bien en claro, se siguen realizando a la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción), porque ese sigue siendo el encuadramiento sindical que corresponde al grupo de los ‘Dragones’”, argumentó el gobernador.

“El dinero depositado a la mutual de los ‘Dragones’ tiene que ver con un acuerdo voluntario entre la empresa y ese grupo, y de ninguna manera surge, como ellos lo pretenden presentar, como consecuencia de una obligación de carácter gremial impuesta por las autoridades”, resaltó.

“Mientras tanto, con la suspensión de la personería de la asociación nadie podrá hacer aportes a la mutual que, evidentemente, funciona como la plataforma de financiamiento para las acciones violentas que desarrollaron los Dragones en el yacimiento”, aseguró.

Buzzi consideró que investigar quiénes son los autores materiales de los cortes de ruta, los instigadores y organizadores, quiénes los asisten económicamente y quiénes brindan apoyo material y logístico, también es tarea que no se puede dejar de soslayar. Por esa razón, le solicitó al fiscal de Estado que “requiera las medidas probatorias vinculadas a los movimientos económicos de las organizaciones involucradas y que se requiera de la empresa PAE toda la información que posea vinculada al corte parcial de la ruta que impide la normal actividad petrolera en Comodoro Rivadavia”.

APOLOGIA DEL DELITO

Buzzi también le exigió ayer a la justicia que “descargue todo el peso de la ley sobre los responsables de estos inusitados hechos de violencia. Nosotros estamos reuniendo todos los elementos probatorios, pero hay suficientes hechos que por sí mismo justifican la inmediata actuación de jueces y fiscales”, planteó sobre la violenta toma de Cerro Dragón y los piquetes que persisten en las rutas tras el desalojo del yacimiento.

En ese contexto, también argumentó que “ante los dichos de señor (Raúl) Murga (líder de la facción sindical), de que los Dragones podrían haber matado a los gendarmes que llegaron hasta Cerro Dragón, publicados en el matutino La Nación de Buenos Aires, espero que hoy mismo la justicia actúe de oficio, ya que se trata de una grave apología del delito que no puede ser pasada por alto”, afirmó.