El legislador provincial Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que avance en la reglamentación de una ley sancionada en 2001, que obliga a los funcionarios de los tres poderes del estado a realizarse una rinoscopía y análisis de sangre y de orina para determinar si son adictos a las drogas.
A la hora de fundamentar su planteo, el parlamentario sostuvo que "la droga causa estragos en nuestra sociedad y, ciertamente, no reconoce distinciones de ninguna naturaleza".
Precisó que "la ley cuya reglamentación se solicita plantea como requisito para el ejercicio de funciones publicas, el carecer de adicciones a sustancias ilegales, como un imperativo ético y moral insoslayable. Esta norma que fue sancionada hace casi una década, hasta la fecha no ha tenido aplicación por no haber sido reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial", recordó.
Según Bussi, "es incomprensible la mora del Ejecutivo en lo referido a una temática tan delicada y sensible a la sociedad, y es también contradictorio, ya que, por un lado el gobierno permanentemente está hablando de las acciones tendientes a combatir este flagelo social, y por el otro no es capaz de hacer un trámite administrativo tan básico como es reglamentar una ley".
El legislador opositor recordó, además, que "la aplicación de la misma esta simplemente supeditada a dicha reglamentación".
Bussi planteó que "si es realmente seria la lucha contra la droga que pregona el gobierno, debe entonces predicar con el ejemplo y dar cumplimiento con lo que la ley exige para su puesta en marcha".
La ley aludida, sancionada por impulso del ex legislador Julio Díaz Lozano cuando gobernaba Tucumán Julio Miranda, dispone como requisito de admisibilidad y permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la administración pública carecer de adicciones a sustancias no permitidas.
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