El tratamiento del proyecto que establece la colocación de cámaras de vigilancia en los accesos de boliches bailables, destapó otra vez los cuestionamientos a la política en seguridad que se sustentan desde los sectores refractarios al oficialismo. En esta ocasión, las falencias en el área fueron recalcadas con insistencia por el legislador Ricardo Bussi, quien fue el único parlamentario en no apoyar la iniciativa elaborada por Gerónimo Vargas Aignasse.

La norma en sí, estipula que los establecimientos aludidos contarán con 90 días para adecuar la tecnología aludida, que deberá ser costeada por los propios empresarios del sector, aspecto que incluso contó con el apoyo de los mismos. Además, se indica en el texto que las imágenes que se obtengan de las filmaciones deberán ser conservadas por un plazo de 12 meses y sólo podrán ser entregadas a requerimiento de autoridad judicial.

El representante de Fuerza Republicana adujo no compartir esta solución al problema de la inseguridad "porque a las afueras de los boliches ni siquiera se puede ver a la Policía. Es inadecuado trasladar las soluciones al empresariado, lo que nos compete es llamar al ministro (Mario López Herrera) al recinto para que brinde explicaciones", sostuvo Bussi. Asimismo, adujo que aprobar esta medida significa "apañar la inoperatividad de la Policía y la incapacidad absoluta de este funcionario". Quien salió al cruce fue Vargas Aignasse, al sostener que Bussi no acompaña el proyecto "porque busca notoriedad, no tiene sentido que se llena la boca hablando de seguridad y no avale la medida".

Una polémica puede suscitarse con esta norma, ya que se modificó a la Autoridad de Aplicación de la ley, pues el IPLA fue suplantado por la Dirección de Defensa Civil, lo que es resistido por Casa de Gobierno. Incluso se corrió el rumor de un posible veto impuesto por José Alperovich.