El republicano cuestionó el proyecto oficialista para modificar esa norma, que rige desde la época de la dictadura. “La prioridad del legislador deben ser los derechos humanos de la gente de bien”.
En este contexto, el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), defendió la plena vigencia de esta ley, al tiempo que cuestionó la propuesta del oficialismo, que apunta a quitarle potestades a la Policía, dejando en manos del Poder Judicial el juzgamiento de las contravenciones.
A propósito, el parlamentario republicano expresó que comparte el criterio del jefe de Policía de la Provincia, Jorge Racedo, "en el sentido que, el Código de Contravenciones debe servirle a la fuerza para combatir el delito y no como piensan algunos de mis pares, que están empeñados en una construcción legislativa para beneficiar a los delincuentes".
Según consideró Bussi, "la prioridad del legislador deben ser los derechos humanos de la gente de bien y luego, muy después, los derechos humanos de los que delinquen”.
A continuación, planteó que "hay mucha gente que cumple puntualmente con lo que le demanda el Estado y nota que el Estado no les devuelve nada. Si nos decidimos, desde nuestro cuerpo deliberativo, a fortalecer a la Policía con herramientas que les sean de utilidad, vamos a estar trabajando por la tranquilidad de todos los tucumanos", añadió.
El presidente de Fuerza Republicana (hijo del fallecido ex general Antonio Domingo Bussi) sostuvo que "si prosperan las iniciativas del alperovismo, corremos el riesgo de paralizar a la Policía, constituyéndolos (a los agentes) en meros testigos de los delitos, sin tener las herramientas para poder actuar y dar una solución concreta al pedido de la gente". Por otro lado, aseguró que "los tucumanos reclaman desesperadamente mayor seguridad. Vivimos todos enjaulados mientras los delincuentes andan sueltos y nadie hace nada, por el contrario, se flexibilizan las leyes para darles más beneficios a quienes perjudican a la sociedad", sentenció, en alusión al proyecto oficialista.
Bussi afirmó que con el Código de Contravenciones vigente "de ninguna manera se pretende criminalizar la pobreza", como denunciaron desde la Fundación Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), entre otras entidades que vienen reclamando modificar dicha norma. "Eso seria como decir que todos los pobres son delincuentes y creo que es un insulto para aquel que se esfuerza, trabaja y es una persona de bien", argumentó. Sobre el mismo tema, consideró que "si bien la pobreza y la marginalidad son factores determinantes en la inseguridad que hoy nos invade, desde el Estado se debe tratar de disminuir al máximo estos factores, y no apañar al que roba o mata, sólo con el justificativo de que es pobre. Basta de hipocresía, defendamos a la gente de bien, al que respeta las leyes y no al que las viola", lanzó Bussi, para terminar.

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