Si en este nuevo periodo legislativo, la Cámara de Diputados provincial “no trata el proyecto de ley de fertilización asistida que se encuentra en la comisión de Salud del cuerpo, buscaremos impulsarlo para que no pierda estado parlamentario; caso contrario, presentaremos una iniciativa al respecto”, aseveró a AIM la legisladora María Emma Bargagna (FAP-GEN).
“Creemos que es un derecho que se debe reconocer a través del Iosper y otras obras sociales para el tratamiento de los estudios de infertilidad, tomándolo como una enfermedad de acuerdo a lo que entiende en el mismo sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, agregó Bargagna.
El 28 de septiembre de 2011 el proyecto tomó estado parlamentario en la sesión de la Cámara.
El ex presidente de la comisión de Salud de Diputados, Darío Argain, indicó a AIM en una oportunidad que se reunieron y recibieron a la ONG Sumate a dar vida, que promueve la cobertura de las parejas que tienen la problemática de la infertilidad.
“Si bien veníamos estudiando el tema, cuando lo encaramos hace un año decidimos esperar a ver que ocurría en el Senado de la nación”. En ese sentido, “atento a que pasa el tiempo y en el Congreso no hay expectativas de tratamiento, decidimos acompañar al ciudadano entrerriano, porque es un problema social que afecta entre el 15 y 20 por ciento de las parejas.”, manifestó Argain.
“Nuestra opinión es que ese tipo de proyecto debe tener una ley nacional a la cual la provincia adhiera, pero al no haber muchas expectativas de pronto tratamiento, daremos el debate y pondremos el tema en el tapete para que se analice”, aseveró.
El legislador aseguró que lo que se pretende es que el Estado provincial “comience a abocarse en el tema desde el ministerio de Salud, enfocándolo como problemática sanitaria”, ya que “hay una discriminación básica o una injusticia social”, porque “no existe igual accesibilidad por una cuestión económica debido a que los tratamientos son muy caros, oscilando los 30 o 40 mil pesos”.
De ese modo, “pretendemos que las obras sociales, las prepagas y el Estado -en caso que las parejas no tengan cobertura- empiecen a atender”
Así, el Estado provincial deberá hacerse cargo de la realización de un relevamiento sobre los institutos acreditados en Entre Ríos, teniendo en cuenta las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, “deberá tener la decisión política de formar equipos en los hospitales que implicarán los diagnósticos y tratamientos, que van desde muy baja a muy alta complejidad, contemplando la tecnología adecuada y los recursos humanos”, especificó a AIM.
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