Los trabajadores del Frigorífico de Uriburu se reunieron ayer al mediodía en la Dirección de Relaciones Laborales de la provincia con el actual administrador de la planta, el Sindicato de la Carne y el representante legal del Ministerio de Trabajo de la Nación, Santiago Giuliano.
Las partes no llegaron a ningún acuerdo por ahora. El cónclave fue más bien un primer acercamiento para ver cuáles son las posibilidades que tiene el emprendimiento de seguir activo, de modo que no se pierdan las sesenta fuentes de trabajo que por estos días están en riesgo. El empresario piquense expuso sus dificultades y planteó su voluntad de seguir explotando el frigorífico, aunque solicitó apoyo al Estado.
Julio San Miguel, el director de Relaciones Laborales, informó luego de la breve reunión que se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes de la semana próxima a las 12.30. Mientras tanto, se analizarán cuáles son los programas que el gobierno nacional posee para colaborar en situaciones de crisis y si con eso alcanza para reactivar la planta. "Me doy por satisfecho en parte", dijo el funcionario en diálogo con Radio Noticias.
Continuidad.
El anfitrión afirmó que la única posibilidad que se maneja es la continuidad del funcionamiento de la planta, pero resta saber en qué condiciones. "El dueño manifestó su voluntad de continuar si es ayudado, porque la ecuación económica no da para mantenerlo en marcha", explicó.
Para el director del área laboral la incertidumbre es una realidad, pero vale la pena intentar todo lo que esté al alcance de la mano para no perder las fuentes de trabajo que están en riesgo. El emprendimiento, hasta el momento de su cierre, la semana pasada, contaba con sesenta operarios, oriundos de Uriburu, Anguil y Santa Rosa.
La firma piquense que estaba operando la planta les adeuda la última quincena trabajada y un medio aguinaldo. El día posterior al aviso del cese de actividades, los trabajadores habían recibido los telegramas de despido, pero esa situación quedó en suspenso por la intervención de la Subsecretaría de Trabajo provincial, que decretó la conciliación obligatoria.
El dinero adeudado a los trabajadores no estuvo ayer en el centro del debate, puesto que la urgencia es reactivar la planta.
El PSA pide "utilidad pública"
El Partido Socialista Auténtico reclamó que la Cámara de Diputados de La Pampa "declare de utilidad pública al Frigorífico Uriburu", y advirtió que ante un conflicto que provoca el despido de 60 trabajadores "el estado provincial debe hacerse cargo de manera inmediata para garantizar su continuidad productiva". Los dirigentes del PSA fueron, hasta ahora, los únicos que se acercaron, el lunes por la tarde, hasta el sitio donde los trabajadores mantienen tomada la planta de faena.
En un documento difundido ese mismo día, el PSA y la Juventud Socialista Auténtca, propiciaron "la constitución de una cooperativa de trabajo con su personal para que gestione la empresa recuperada" y aconsejaron que para esos fines los trabajadores cuenten "con el asesoramiento de la UNLPam".
Fondo Público de Inversión.
Al mismo tiempo, "como manera de prevenir futuras situaciones análogas", reiteraron la necesidad de debatir el proyecto legislativo presentado el año pasado, que promueve "la creación de un Fondo Público de Inversión con aportes del Banco de La Pampa para acudir en salvataje de empresas, crear fuentes de trabajo genuino o promover las Pymes". Este fondo debería ser "administrado por un consejo social autónomo con participación del Estado, la Universidad y los sectores productivos".
El organismo propuesto por el PSA tendría la tarea de "evaluar los proyectos, invertir en ellos y designar un síndico para controlar el cumplimiento del plan y sus plazos". Cumplidos los plazos y las tareas, el Estado "se retirará con las prácticas accionarias del caso, priorizando el recupero de su titular".
El Fondo Público de Inversión resulta "la política más inteligente que pueda implementarse en reemplazo de la acostumbrada práctica de otorgar créditos blandos con ahorros de los pampeanos", y que siempre levantan sospechas ante la aparición de "empresarios golondrinas que nunca se sabe qué destino darán" a los recursos ni si contribuirán efectivamente al desarrollo productivo de la provincia.
Finalmente, como fundamento de su propuesta, el PSA recuerda el texto de la Constitución Nacional: "La propiedad debe cumplir una función social y su explotación debe conformarse según la conveniencia de la comunidad".
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