Como se informó en la edición de ayer, a lo largo de once artículos -del 30 al 40- del proyecto, el Ejecutivo pide a la Legislatura que lo autorice a endeudarse por diversos montos y para distintos fines por un total de 19.350 millones de pesos.

De ese total, 3.550 millones serán destinados a obras o programas de gestión específicos, detallados en los respectivos artículos. Y unos 15.800 millones serían destinados a amortizar deudas que vencerán el año que viene y a “atrasos en los pagos de la Tesorería”.

En ese marco, en la mayoría de los artículos se precisa que el pago de las deudas que se tomen será garantizado con los recursos provenientes del régimen federal de coparticipación de impuestos. Un aval que obliga al gobierno provincial a obtener una autorización del gobierno nacional para concretar la operación de toma de crédito o de emisión de bono -según el tipo de operación que se elija-, ya que la Casa Rosada deberá suscribir el otorgamiento de esa garantía.

Que cualquier deuda que asuma la Provincia tenga esa garantía es la práctica habitual, casi sin excepciones hasta ahora.

Pero la oposición ha observado en el proyecto 2013 que el artículo 37 señala que la Provincia podrá tomar deuda para “políticas de acción social y salud y para obras” y, en lugar de precisar el monto puntual que podrían alcanzar esas operaciones, remite sobre ese concepto al art. 40, donde se plantea una toma de deuda por 7.977 millones, para los fines mencionados en el art. 37 y para cubrir el déficit financiero. Y el otro dato llamativo es que el art. 37 plantea que esa eventual deuda tendrá la garantía de recursos propios de la Provincia -los provenientes del juego- y del Fondo Sojero, pero no menciona el aval de la coparticipación nacional.