Funcionarios provinciales se hicieron presentes ayer en esta ciudad para entablar sendas discusiones con los marineros y el empresariado de la flota amarilla. La idea fue plantear una estrategia que les permita subsistir en tiempos en los que no hay recursos ictícolas y conocer qué es lo que sucedió realmente con los 2,5 millones de pesos que debían garantizar el salario de los trabajadores.
Las reuniones que se realizaron por separado tuvieron lugar a partir de las 15 en instalaciones el edificio administrativo del Puerto Caleta Paula.
Allí, el secretario de Pesca, Juan Carlos Braccallente, y el secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, junto al secretario privado de Intendencia, Juan Carlos Gómez, dialogaron inicialmente con los dueños de los barcos amarillos.
Si bien no se permitió el ingreso de este y ningún otro medio periodístico, fuentes consultadas por Diario Patagónico dieron cuenta del alto nivel de tensión que reinó durante el cónclave, donde los funcionarios pusieron de manifiesto todo su descontento con el escándalo que surgió luego de que los marineros denunciaran no haber cobrado el dinero de los subsidios que se les había entregado a algunos empresarios.
En este punto, vale aclarar que dicho aporte, de 2,5 millones de pesos, había sido otorgado por la petrolera Pan American Energy, en momentos de mayor algidez de las discusiones en torno a la presunta depredación que la prospección sísmica de la Ocean Scepter había causado en aguas del golfo San Jorge.
Ese dinero fue recibido por el Gobierno provincial, que a su vez lo transfirió al sector empresarial de la flota amarilla, sindicado hoy en la figura de Luis Jones.
Según lo acordado en aquel momento, los marineros percibirían 3.000 pesos por mes hasta octubre, pero desde mayo ya no hubo nada para repartir y se disparó nuevamente la polémica.
“Cobramos dos meses y desde mayo que no percibimos un peso”, dijo ayer a este medio David Angelelli, uno de los voceros de los marineros.
¿DONDE ESTAN?
Ante la misteriosa “depredación” de los fondos, una vez más el Gobierno provincial decidió sostener la situación para evitar que la crisis se agudice para los más de 120 trabajadores (marineros, estibadores, serenos y patrones), determinando la suma de 500 pesos por persona hasta tanto se llegue a una solución.
Según información cercana al sector, en la jornada del lunes tres empresarios pesqueros se presentaron ante la Municipalidad buscando cobrar dichos montos, cuestión a la que la comuna se negó por temor a reclamos de los trabajadores.
Al cierre de esta edición aún no les llegaba el turno a los marineros para su encuentro con los funcionarios; sin embargo desde el entorno de quienes aguardaban en el Caleta Paula se hizo saber que al parecer “la actitud de Braccalentte y Santibáñez es buena y la idea es irse de acá con una determinación”.
De hecho, hay quienes sostienen que es precisamente esa la premisa encomendada por el propio gobernador Daniel Peralta.

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