La iniciativa, que recibió la semana pasada dictamen favorable de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, presidida por el radical Ricardo Gil Lavedra, sería debatida durante la primera semana de agosto en la de Presupuesto, a cargo del kirchnerista Gustavo Marconatto.

El texto ya había recibido semanas atrás el visto bueno de la comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), cabecera en el estudio del proyecto.

Antes de llegar al recinto, el proyecto debe recibir el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que se reunirá el miércoles 4 de agosto a las 10, y podría incluirlo en el temario de ese cuerpo.

En el marco del debate en comisión, el texto recibió modificaciones respecto del aprobado por el Senado en mayo del año pasado, que fijaba una indemnización de “alrededor de 1.200.000 pesos para los derechohabientes de los fallecidos”, y se acordó reducir esa cifra a unos 600.000 pesos.

Este último monto, aproximadamente, era el que el Poder Ejecutivo había fijado en su proyecto original y el que finalmente puede ser aprobado por los Diputados, en caso de que la Comisión de Presupuesto coincida con las otras dos que ya se expidieron.

Entre los argumentos principales de los integrantes de la Cámara baja, que estudiaron el tema para retornar a la redacción original, se sostiene que el reconocimiento económico no puede ser mayor al que perciben las víctimas de la dictadura militar.

La cifra aproximada de 600.000 pesos para los derechohabientes surge de cálculos realizados en base a la remuneración mensual de agentes de nivel A de la administración pública nacional.

El proyecto, que avanza en Diputados, le otorga “carácter de bien propio” al resarcimiento, y reduce a un mínimo de dos años de convivencia la condición para reconocerle derechos al concubino o la concubina, en lugar de los cinco que fijaba la propuesta original.

El texto establece, además, un resarcimiento para quienes sufrieron lesiones graves, del 30 por ciento de la suma otorgada a los casos de fallecimiento, y del 40 por ciento para aquellas lesiones consideradas gravísimas.

El texto establece también que la reparación estará exenta de gravámenes y que no deberán abonarse tasas en las tramitaciones judiciales o administrativas para acreditar las circunstancias o el vínculo.