Indicó que, por la normativa presentada se entiende por “feria” a aquellos agrupamientos comerciales que se realicen dentro de un mismo predio, que cuenten con más de 6 locales o puestos de ventas (gazebos), permanentes, eventuales y/o rotativos, a cielo abierto o realizados en predio cerrado, donde cada puesto (stand) no supere los 20m2 de superficie y no posea servicios sanitarios propios sino comunes.

En los considerandos del proyecto, Beltramino sostiene que “es necesario dar un marco normativo a la actividad de venta de ropa en la modalidad de establecimientos comunitarios a cielo abierto en forma transitoria y establecer los requisitos de inscripción comercial y las zonas”.

Agrega que “las ferias son una herramienta de la economía social que genera movimientos económicos beneficiosos para toda comunidad. Estos puestos de venta de ropa usada o nueva proveniente del extranjero, se realiza en un emprendimiento colectivo a cargo de cuentapropistas en algunos casos y en otros, de empleadores con vendedores en puestos de venta”.

Sostiene que “nos encontramos frente a una actividad que no está reglamentada por normas municipales, pero que no se puede considerar prohibida, porque en definitiva se trata de una modalidad de ejercicio comercial, que tiene sustento en la libertad constitucional derivada del derecho a trabajar”.

Fiscalizar

Subraya que “es sumamente necesario controlar y fiscalizar las actividades desarrolladas en ferias conocidas como “Salada” y/o sus réplicas en el país denominadas “saladitas” así como también la venta ilegal en la vía pública como fuente de varios delitos como la evasión fiscal y previsional, falsificación de marcas, trabajo esclavo e infantil y/o talleres clandestinos”.

Es oportuno señalar que en este proyecto no se encuentran alcanzados los mercados concentradores (ferias), los mercados municipales, las denominadas ferias francas, ferias artesanales, organizadas por asociaciones de productores locales y/o municipalidades y las que se organizaren por razones vinculadas a festividades locales”.

Impacto negativo

Beltramino sostuvo que “la venta informal o ilegal impacta negativamente no sólo en el mercado, sino también en la finanzas del Estado provincial o local, las que se ven seriamente perjudicadas, pues no tributa impuestos ni tasas; tampoco genera empleo registrado o formal; no aporta a la seguridad social; no se brindan garantías a los consumidores sobre los productos; no respeta espacios públicos; no contribuye a la iluminación ni limpieza de aceras; no cumple con las normas de seguridad e higiene; tampoco respeta el medio ambiente; y muchas veces, se comercializan productos falsificados, produciendo un perjuicio económico a las marcas originales y, en no pocos casos, provocando riesgo para la seguridad y la salud de los consumidores”.