Buscan redireccionar el crédito a sectores menos rentables

Buscan redireccionar el crédito a sectores menos rentables
El diputado Carlos Heller en su proyecto para cambiar la Ley de Servicios Financieros quiere priorizar las necesidades de la gente.
Se puede decir que Carlos Heller y el Partido Solidario al que representa desde su banca de diputado nacional "milita" su principal iniciativa en el Congreso: una nueva Ley de Servicios Financieros, a partir de un replanteo de la actual de Entidades Financieras, que rige a las entidades bancarias y cuya última reestructuración data de 1977.

El espíritu, como se encarga de remarcar, responde a una concepción social, a partir de priorizar el crédito a los sectores que más lo requieren, como pymes y las viviendas.

Además de juntar firmas de los futuros beneficiarios para que su proyecto sea tratado al inicio del ciclo de sesiones 2011 ("del millón que pretendemos ya reunimos unas 450 mil, incluidas 3 mil organizaciones de todo tipo", afirma), Heller estuvo en Mendoza para promoverlo, con apoyo del banco Credicoop, del cual es directivo.

"Entre 1946, 1957, 1973 y sobre todo en 1977, la Ley de Entidades Financieras que rige al sistema bancario argentino sufrió cambios que fueron desde una concepción social a una liberal de su rol, incluida la reformulación de la carta orgánica del Banco Central, que redujo su función a defender el valor de la moneda.

La del 77 es una norma pro-mercado que marcó el rumbo de la política financiera de Martínez de Hoz durante la dictadura y del país hasta fin de siglo, como él decía. Hoy los valores son distintos y el sistema regulatorio debe adaptarse", reseñó el directivo bancario y legislador, que integra el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

Redireccionar el crédito

En base a esa visión, el proyecto se basa, según su autor, en dos puntos: una entidad financiera es un servicio público y un derecho que debe garantizar el Estado, en cuanto a las condiciones para que las personas y los actores de la economía social tengan acceso a él.

El restante es un enfoque social, es decir, una norma pensada desde los usuarios y no desde el sistema financiero, y desde esa perspectiva fijar la función de las entidades, es decir, cómo deben satisfacer las necesidades reales de la población bancarizada.

La idea es acotar el negocio y la rentabilidad en tanto no priorice esas necesidades del mercado, y redireccionar el crédito a pymes, al financiamiento hipotecario para la vivienda familiar y microemprendimientos. Para Heller, significa reposicionar la demanda de 45% de la cartera global. "No es una ley que deje a las entidades desprotegidas- argumenta- "pero pone límites a la posibilidad irrestricta de ganar más por sobre todo.

Así, ganarán menos de lo que ganan si eligen seguir prestando a los sectores que les aseguran máxima rentabilidad; como ejemplo, entre financiar un LCD y un torno, siempre se elige el primero porque se paga una tasa mayor. Por eso hay que entender a los bancos como prestadores de servicios públicos, con reglas acordes a ese rol".

Según la Sepyme, de 900 mil empresas activas en Argentina, 99,3% son pymes, el segmento que concentra 72% de la mano de obra y más de 40% del PBI. Por eso, como complemento, el proyecto instala la figura de las cajas de crédito locales, un componente de naturaleza social para facilitar el acceso.

Y a partir de un criterio de equidad distributiva dentro del sistema, fija un límite de 10% en la captación de depósitos del flujo total del sistema, "como una forma de limitar el tamaño y la capacidad de crecimiento de los bancos", aclara Heller.

Sucursales donde faltan

Las nuevas reglas de juego no terminan ahí. De acuerdo a la propuesta que impulsa el ahora legislador con apoyo de sus pares Vilma Ibarra, Ariel Basteiro y Jorge Rivas en el Congreso nacional, quienes también sostienen un proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA, el esquema también requiere extender la cobertura geográfica de los bancos.

El objetivo parte de un dato objetivo: sólo 31% de las localidades tienen bancos. Pero en éste punto, la obligatoriedad para pasa por un aporte a un Fondo Compensador solidario que ayude a subsidiar las aperturas de sucursales donde no hay, y en cierto modo atomizar los préstamos hoy están concentrados en Capital, Gran Buenos Aires y Pampa Húmeda (84%).

Comentá la nota