económica y sanitaria que se trabaja desde el Organismo de la Constitución con la finalidad de encontrarles una solución y/o alternativa que les permita mejorar y/o mantener su calidad de vida.

Desde la Defensoría, se señalo que todos los habitantes que sufren discapacidades o enfermedades crónicas o prolongadas pueden acceder en forma igualitaria al uso y goce de los medios o herramientas que posee el sistema sanitario en general para lograr la mejor calidad de vida posible compatible con esa discapacidad o enfermedad.

Esta posibilidad ha sido garantizada por nuestra Constitución Nacional, Provincial y por nuestro sistema legal en el que existen diversas leyes, decretos y resoluciones que procuran garantizar el pleno goce del DERECHO A LA SALUD para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica y que tienen como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

En esta línea, diseñó específicamente un sistema de prestaciones básicas de atención a cargo de las obras sociales y de las prepagas a favor de sus beneficiarios con el objeto de procurar el pleno goce del derecho a la salud sin discriminación alguna y de brindarles el 100% de cobertura integral sin límite de tiempo a sus necesidades y requerimientos, ponderando, que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y, en tanto fin en sí mismo - más allá de su naturaleza trascendente - su persona es inviolable, constituyendo el derecho a la vida un valor fundamental a cuyo respecto los restantes valores siempre tienen carácter instrumental, procurando garantizarle prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su nivel de salud, que responda al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva.

El actual sistema en nuestro país y por supuesto en nuestra provincia, no discrimina entre obras sociales manejadas por sindicatos e impuestas a sus afiliados, con prepagas elegidas voluntariamente, u otras situaciones que se dan a nivel local y que por las políticas de Estado, que lleva adelante el Gobierno Provincial, se puede encontrar soluciones para las personas con capacidades diferentes, sin necesidad de tener que acudir via amparos a la Justicia “para que nos diga lo que tenemos que hacer en estos casos, cuando ya todo está previsto legalmente”, y por lo tanto se crea un dispendio jurisdiccional inútil la judicialización de estos casos, máxime cuando hemos adherido a legislaciones que los amparan y por lo tanto nada debe interponerse en su aplicación.