El Gobierno de Mendoza no lo dice, pero tiene directivas de la Casa Rosada para la reactivación del yacimiento de la CNEA. Esa es la “sintonía fina” de Pérez con Cristina que, como anticipamos, lo impondría como condición para incluir a Mendoza en la Promoción Industrial.
Vázquez y sus funcionarios asistieron a una charla explicativa acerca de los trabajos que se llevan a cabo actualmente y posteriormente recorrieron el predio para constatar lo realizado acerca del tratamiento de las aguas de cantera y residuos sólidos remanentes de la antigua explotación. Esos pasivos ascienden a 700 mil toneladas de colas de mineral estéril extraído las canteras, casi un millón de metros cúbicos de agua de cantera, y más de 5 mil tambores de metal enterrados con residuos traídos desde la planta de Dioxitek en Córdoba, adonde se enviaba el mineral extraído y concentrado al 60%, y también residuos de mineral comprado a Brasil y otros países.
Según publicamos el pasado 4 de marzo, la actividad extractiva está paralizada desde que se rechazó la propuesta de la CNEA de llevar a cabo una "remediación sincrónica", método que consiste en remediar los pasivos mientras se sigue explotando el yacimiento. Por otra parte, la visita de Vázquez confirma lo que anticipamos: el interés manifiesto del Gobierno de Mendoza por reactivar el yacimiento, y especulamos con que esa sería la prenda de cambio para incluir a la provincia en los alcances de la Promoción Industrial.
El rechazo de los mendocinos a la minería se reactivó a raíz del proyecto San Jorge en Uspallata, y recientemente se potenció con el caso riojano de Famatina, por lo que hoy existe una relativa supremacía de los sectores que se oponen a esa actividad en la provincia.
Además, a mediados de diciembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja de la Comisión Nacional de Energía Atómica contra la decisión del Juez Federal de primera instancia de San Rafael, Raúl Héctor Acosta, que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por dos vecinos del departamento que integran la Multisectorial del Sur.
El sucesor de Acosta al frente del Juzgado Federal, Eduardo Puigdéngolas, ha mantenido el criterio de la cautelar, que prohíbe la actividad extractiva en el yacimiento, e incluso ha participado personalmente en las inspecciones periódicas que ordena para observar el avance de la remediación. De hecho, la última visita de que se tienen noticias se llevó a cabo en septiembre u octubre del año pasado y es muy posible que el súbito interés del gobierno mendocino dispare una nueva inspección judicial para corroborar la "satisfacción" de Vázquez y sus funcionarios con el avance de los trabajos.
Historia del conflicto
En 1975 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) inició la explotación de la mina de uranio Sierra Pintada. Luego de casi veinte años, en 1995 se dispuso el cierre de la mina, dejando pasivos ambientales sin tratar. En 2003, la CNEA solicitó la reapertura de la mina en virtud del aumento del precio internacional del mineral que hacía más rentable producirlo en el país que importarlo. La coalición que se opone al proyecto está compuesta por varias asociaciones: Multisectorial del Sur, FUNAM, APYME, OIKOS, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural, entre otras. El principal promotor del proyecto es la CNEA, con el apoyo de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, la Comisión Pro Apertura y el Movimiento de Desocupados Autoconvocados.
Cuando desde el gobierno nacional impulsaron la reactivación de la mina, la sociedad civil se opuso activamente y el gobierno provincial puso como condición para la reapertura que la CNEA diera una solución a los pasivos ambientales que dejó en 1995.
La propuesta de la CNEA fue una remediación parcial junto con el comienzo de las actividades, mientras que la Multisectorial del Sur exige una remediación total y el cierre de la mina.
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