Entre otras cosas, Manso plantea que el tipo penal propuesto en la ley 26.364 exige que se pruebe (para los casos de mujeres mayores de edad) que la trata se realizó mediante amenaza, engaño, uso de la fuerza, coacción, fraude o por concesión o recepción de pagos o beneficios a terceros. “Ello resulta con frecuencia difícil de probar en la práctica, y hace que el proceso se apoye fundamentalmente sobre el testimonio de las víctimas lo que dificulta más aún su ya frágil situación de inseguridad, invirtiéndose así la causa de la prueba”, explicó.

“Si a ello le sumamos la ausencia de toda referencia a programas de reinserción y medidas de seguimiento posteriores al retorno, veremos un escenario en el cual será difícil lograr que las víctimas declaren en procesos contra los tratantes, por lo que es posible que el número de condenas no aumente sustancialmente ante un delito que exige enfrentarlo desde una perspectiva de derechos humanos de las personas, teniendo en cuenta la dignidad humana, la defensa de la vida y la libertad”, observó.

La legisladora de REDES sostiene que “cualquier definición de trata debe decir claramente que el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento cualquiera sea su edad. Proxenetas y explotadores son delincuentes por sus acciones y no por hechos o condiciones de la víctima; si además el tratante actuó mediante engaño, abuso, violencia, etcétera o si las víctimas son menores estas condiciones deben ser agravantes del delito y no constitutivas de la figura penal”.

La iniciativa avalada hoy en la comisión propone que la ley nacional considere el delito de trata de personas sin hacer distinción en la mayoría de edad. “La edad y los medios deben ser agravantes y no constitutivos de la figura penal”, plantea la autora en el articulado.

Considera también que es imprescindible implementar legalmente programas de protección de las víctimas en los procesos penales. Protección de los derechos civiles y políticos consagrados en la declaración universal de Derechos Humanos.

Asimismo busca que se implementen programas para la recuperación física, psicológica y social de las víctimas mediante el suministro de alojamiento adecuado, asesoramiento e información en particular con respecto a sus derechos jurídicos, asistencia médica, psicológica y material, oportunidades de empleo, educación y capacitación, e indemnización por los daños sufridos.

Además, a través del proyecto se solicita incorporar a la ley nacional la penalización con un mínimo de seis años de cárcel de cumplimiento efectivo y la participación de las distintas organizaciones no gubernamentales vinculadas a esta temática para la reglamentación de la ley.

Por otra parte, la comisión presidida por Beatriz Contreras (Encuentro Frente Grande) dio dictamen a otra comunicación enviada al Congreso nacional, en la que Silvina García Larraburu solicita el pronto tratamiento del proyecto de ley que contempla la reparación histórica a los ex agentes y empleados cesanteados por la dictadura militar.

Finalmente, Contreras informó que desde la comisión se está organizando junto con la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, la comisión de Seguridad y los programas Anti Impunidad, nacional y provincial, una reunión conjunta en Bariloche, con motivo de cumplirse 2 meses de los hechos de violencia sucedidos en Bariloche.

La legisladora indicó que la reunión es el 26 de agosto, “por lo que vamos a pedir desde la comisión que la sesión prevista para ese día se postergue por dos o tres días para tener la posibilidad de que la comisión entera participe de la reunión”.