Lo pidió el fiscal. Los imputados presuntamente prometían viviendas del IPV.
La causa se disparó en el año 2010 y generó revuelo público, cinco personas que actuaban bajo el sello de “Movimiento Agropecuario Provincial” supuestamente se aprovecharon de la necesidad de más de 180 personas, al prometerles unas casas del IPV a cambio de un monto de dinero (Ver El caso). Los imputados quedaron ahora al borde de ir a juicio oral y público a partir del planteo que hizo el fiscal, que considera debidamente probados los hechos.
Vega, al frente del Cuarto Juzgado de Instrucción, informó a DIARIO DE CUYO Online que “estamos notificando a los defensores sobre el requerimiento fiscal. Tienen seis días para hacer planteos en contra del pedido de elevación a juicio. Si no hay planteos, inmediatamente hacemos el pedido y elevamos la causa”.
Los involucrados son Pedro Roldán, Marcos Barragán, Myrian Quiroga, Carlos Alberto Albornoz y Alejandra Mariela Dragui. Se los acusa de la participación principal en estafas reiteradas, delito que contempla un castigo que va de 1 mes a 6 años de prisión. Si bien la pena es excarcelable, la cantidad de damnificados se considera un agravante y pasa a ser de cumplimiento efectivo.
Roldán, Barragán, Quiroga y Dragui se encuentran en libertad tras presentar una caución equivalente a $500.000 cada uno (lo hicieron con escrituras de inmuebles). Sólo Albornoz continúa en prisión preventiva y seguirá en ese estado hasta que finalice el juicio oral, por no reunir las garantías necesarias para estar en libertad.
En total son más de 80 las estafas que se comprobaron en el proceso judicial y los afectados ascienden exactamente a 184. Todas las denuncias se unificaron en un solo expediente, que cuenta con más de 1.000 fojas.
El pedido de elevación de la causa a juicio requerida por el juez fue apelado por la defensa de los imputados. La Cámara Penal rechazó en pleno el planteo y luego, el abogado defensor de Albornoz recurrió a la Corte de Justicia, aunque también lo desestimó. Por último, Atenágoras Vega corrió traslado al agente fiscal, quién ayer terminó por requerir la elevación que la causa se dirima en un proceso oral y público.
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