La iniciativa la impulsa la diputada de la Unidad Popular, Rita Liempe. Tiene como objetivo que la Provincia adhiera a la Ley nacional N° 25.929 sobre los Derechos de los padres y de la persona recién nacida.
La Ley 25.929 plantea cuestiones como el derecho de la madre a ser tratada con respeto, a ser informada sobre las intervenciones médicas, a ser considerada como persona sana y protagonista de su propio parto, a un parto natural, a ser informada sobre el estado de salud de su hijo/a, a estar acompañada, a tener a su lado a su hijo/a durante la permanencia en el establecimiento sanitario, a ser informada sobre los beneficios de la lactancia materna, a recibir asesoramiento sobre los cuidados de sí misma y del hijo/a.
También establece los derechos de las personas recién nacidas como a ser tratadas con respeto, a su inequívoca identificación, a la internación conjunta con su madre, entre otros. Madre y padre, tienen derecho a recibir información comprensible, suficiente y continuada, en un ambiente adecuado, sobre el proceso o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento; y a tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita.
La Ley señala que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación en el ámbito de su competencia; y en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires sus respectivas autoridades sanitarias; y que el incumplimiento de la norma “por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga, como así también el incumplimiento por parte de los profesionales de la salud y sus colaboradores y de las instituciones en que éstos presten servicios, será considerado falta grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder”.
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, como en la mayoría de las provincias, aunque hay programas que tienden al respeto en el parto como el programa de “Maternidades seguras y centradas en la familia” todavía no está contemplada una ley que equipare la normativa provincial con la nacional, que permita que el parto respetado no sea solo una excepción. Hoy miles de parturientas son tratadas como “enfermas” y sobre ellas se realizan toda clase de intervenciones innecesarias consideradas de rutina como la “inducción” del parto con aplicación de sueros con oxitocina, anestesia de rigor, episiotomía, o directamente cesáreas sin que la madre esté informada sobre las complicaciones de esta operación abdominal cuando el parto pueda realizarse naturalmente.

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