La ley tiene por objeto establecer los mecanismos de participación que garanticen los derechos de los pueblos originarios al consentimiento libre previo e informado en todo asunto que los afecte.

Entre los casos en los que se debería hacer la consulta obligatoria serían adopción y aplicación de medidas legislativas y administrativas que los afecten, respecto del almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o territorios en los que existan pueblos originarios y asentamientos de pueblos originarios o que sean lindantes, respecto a cualquier obra de infraestructura cuya magnitud pueda afectar el uso y goce de las tierras o territorios de pueblos originarios, proyectos que afecten tierras o territorios de pueblos originarios en relación con el desarrollo, la utilización y/o explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo, en general cuando se refieran a bienes culturales, intelectuales , religiosos y espirituales o e los que se vean involucrados tierras, territorios y/o recursos de los pueblos originarios.

La convocatoria a las audiencias públicas se harán con la antelación de 30 días y deberá difundirse por todos los medios de comunicación para garantizar la libre participación de los interesados.

Los autores del proyecto son los legisladores del Frente Primero Jujuy, Agustín Perassi, explicó que “la modificación de la Constitución Nacional en el año 94 contempla la consulta a los pueblos originarios, cuando se va a realizar algo que los involucre en temas como su territorio, riquezas, valores culturales y demás, a parte hay tratados Internacionales que tienen un nivel de Constitución en Argentina como el tratado 169 de la OIT que establece estas cosas”.

“En Jujuy no se ha establecido al reglamentación entonces se choca siempre en la Legislatura, porque cada vez que se quiere hacer algo se dice que se ha consultado, consultamos a Juan pero no a Pedro” señaló en referencia al sistema actual selectivo y exclusivo.

Recordó que en la Legislatura hay proyectos como el de Patrimonio que está desde el 2004, el Instituto del patrimonio Natural y cultural de la Quebrada de Humahuaca, “se pidió hasta despacho de distintas comisiones, se hicieron consultas pero siempre les faltó a esas consultas las formalidades que tienen que tener, como el instituto que iba a manejar la Quebrada de Humahuaca, a mi entender son cosas necesarias”.

Perassi explicó que lo que pretenden con esta ley es que se reglamenten las audiencias públicas, las convocatorias, en tiempo y forma, a través de los medios, sino puede pasar que por no realizar las consultas como corresponde, terminan resolviéndose en la Justicia y la Justicia se ve obligada a hacer lugar a los reclamos, a los amparos porque no se cumple con las formalidades que se deben cumplir y que no tiene objeto no cumplirlas, yo no puedo entender por qué no se hacen determinadas cosas que se deben hacer para que sea transparente todo”.

Las autoridades de aplicación que pueden convocar a estas audiencias serán el Poder Ejecutivo Provincial y la Legislatura