Buscan que jueces aporten a OSEP

El PJ desempolvó el viejo debate durante la discusión legislativa sobre la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional de Discapacidad. Los magistrados contribuirían con $5,5 millones anuales.
La discusión legislativa sobre la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional de Discapacidad desempolvó un viejo debate: el aporte que deben hacer los jueces a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). Es que el oficialismo quiere que los $5,5 millones anuales que representan las cargas sociales que dejan de hacer 260 magistrados vayan a un fondo que sirva para financiar la aplicación de esa normativa.

La propuesta del PJ, que fue presentada ayer en la Cámara de Diputados, se sumará a otros cinco proyectos que buscan resolver el problema de muchísimas familias que no tienen recursos para afrontar los tratamientos de personas con capacidades diferentes.

El argumento principal del justicialismo para reflotar una vieja disputa entre el Ejecutivo y los jueces apuesta a dejar en el camino las objeciones de algunos legisladores, que argumentan que la adhesión a la Ley 24.901 ha provocado problemas financieros en las provincias que la aplicaron.

En esa línea, el diputado Gustavo Arenas (PJ) explicó que “todos los funcionarios y empleados públicos aportan a OSEP, menos 260 jueces, que dejan de aportar $5,5 millones al año. La propuesta apunta a que esos recursos constituyan un fondo que garantice la aplicación de la Ley de Discapacidad”.

Se trata de un grupo de magistrados que se ampara en la Ley 6.819, aprobada en 2000, que los autoriza a optar por la cobertura social que quieran, eximiéndolos de la obligación de contribuir a la obra social estatal.

En total, según cifras que maneja el justicialismo, hay 123 jueces que sí aportan a OSEP.

El debate

El proyecto del PJ surgió ayer como una alternativa para resolver el conflicto de muchas familias que vienen reclamando la adhesión a la Ley 24.901, vigente desde el ’97.

Es que la normativa exige que el Estado, las obras sociales y las empresas prestadoras de medicina prepaga cubran integralmente las necesidades del discapacitado, que incluyen rehabilitación, medicación, elementos ortopédicos, apoyo en el transporte y la educación.

Los padres de chicos con capacidades diferentes vienen reclamando desde hace años la adhesión de Mendoza a esa ley.

En esa línea, muchos de ellos participaron en la reunión conjunta que las comisiones de Hacienda, Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Salud de Diputados tuvieron ayer al mediodía.

El encuentro sirvió para unificar proyectos, ya que hay cuatro iniciativas que proponen la adhesión provincial a la legislación nacional, un texto del radical Luis Petri que a la adhesión suma una normativa provincial que amplía los beneficios y prioridades de los discapacitados, y el del PJ que busca financiar las prestaciones con los aportes de los jueces a la OSEP. Los legisladores quieren tratarlo la semana que viene.

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