Vernaza sostuvo que “estamos asesorando al Gobierno provincial en materia de este derecho tributario de la población que es el tributo social que le corresponde a aquellas personas que deseen tener, iniciar o continuar una actividad productiva, de comercio o de servicios y que por situaciones de vulnerabilidad no pueden pagar el total del monotributo general, el Estado le subsidia el 50 por ciento del tributo y de esta manera las personas pueden regularizar su actividad ante el fisco”.

Explicó además que se trata de políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por medio de un modelo que incluye a todos y que pretende que la economía formal sea una economía en la que estén todos, incluyendo a los pequeños productores.

En ese sentido, la funcionario nacional aclaró no se trata de una política novedosa en la provincia, sino de una decisión del gobierno provincial de acercar este derecho a una población que quizá por desconocimiento, no se ha inscripto.

Observó que “existe una población de tabacaleros que rondarían los siete mil productores más otra cantidad similar de productores de otras actividades agrarias que podrían ser una población potencial que, revisando estrictamente las condiciones de vulnerabilidad, podrían entrar en la categoría de monotributo social”.