Hasta fines de 2008, en el predio de Camino Negro y Recondo podían avizorarse hectáreas de verdes agrupadas en matorrales y llanuras lisas, rasas, que incluso a lo lejos daban cuenta de un acotado pero importante ojo natural en Lomas de Zamora. Hoy la situación es bien distinta y en el llamado Campo Tongui lo único que se ven son miles de pasillos que separan casillas, algunas más rudimentarias y otras no tanto, que llegaron a instalarse con la creación del denominado barrio 17 de noviembre, por la fecha de la toma del predio.

Luego de varios intentos de desa lojo, los residentes lograron avanzar en una ley que permitirá expropiar los terrenos. No obstante, desde el Concejo Deliberante lomense advirtieron una situación irregular que podría darse a la par de ese beneficio: la existencia de edificaciones de grandes dimensiones que estarían ocupando las tierras con fines comerciales y, por ende, viéndose favorecidos por una medida que, en realidad, apunta a quienes se radicaron allí como producto del déficit habitacional y la carencia de un techo.

La situación fue puesta a conocimiento del Cuerpo en la última sesión ordinaria, a través de un proyecto de comunicación presentado por la concejal oficialista Ana Tranfo, que fue aprobado por unanimidad y plantea la diferenciación entre el común de las viviendas que hay en el Campo Tongui y las construcciones de mayor superficie, de más de 100 metros cuadrados o tres pisos de altura.

En diálogo con Info Región, la edil apuntó que en el asentamiento hay “casas de tres pisos, comercios y un corralón de materiales” junto a “gente necesitada, con casas más precarias”, todo “en un lugar que se encuentra muy cerca de Puente La Noria y del acceso a Capital, situación que hace que esos terrenos tengan un valor inmobiliario importante en la zona”.

“Ante esta desigualdad, lo que planteamos es que todas las construcciones de 100 metros cuadrados en adelante o de gran mampostería no estén dentro de los beneficios que otorga la ley de expropiación, que es pagar el 10 por ciento del salario del grupo familiar en 10 años, sino que se le venda el metro cuadrado de acuerdo al valor que estipule el mercado inmobiliario para la zona”, precisó Tranfo.

Así, el objetivo es excluir a quienes especularon con los beneficios que pudieran surgir de una eventual ley de expropiación que debería aprobar la Legislatura bonaerense.

Ocurre que si la Provincia adquiere compulsivamente el predio, luego debería cederlo a favor de los ocupantes, y, sin discriminación previa, favorecería la situación de quienes se instalaron allí con fines especulativos.

“Estoy de acuerdo con ese pedido porque es una cuestión que se viene de alguna manera postergando y no tiene sentido”, consideró el concejal del FpV Armando Mogliani.

La ley de expropiación del predio se había votado para regular la situación dominial de los vecinos que tenían y, aún tienen problemas económicos y dificultades para acceder a una vivienda. “El Estado debe tender a una equidad. Porque está el que más necesita y aquel que aprovechó la situación”, completó Tranfo.

Similar fue la postura de su par Julio Fornelli, quien resaltó que el reclamo es “una medida de justicia, por lo menos provisoria”, aunque apuntó que “habrá que hacer un trabajo minucioso” para que no afecte a los ocupantes de casas más precarias.

La visión también fue compartida por la oposición y así se advirtió en boca del concejal radical Gregorio Santos, quien apuntó que “hay edificaciones que no son de gente que realmente necesita una vivienda única y permanente”. “Se han identificado dos o tres pisos de losas que tienen un valor muy elevado”, aclaró el edil.