Partiendo de la idea de que cualquier persona que conduce un automóvil puede convertirse en un homicida, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y asociaciones civiles buscan avanzar en una reforma integral del Código Penal para endurecer las sanciones y convertir en delitos algunas conductas que atentan contra la vida de los peatones en la vía pública.

Con ese propósito, el director ejecutivo de la ANSV, Felipe Rodríguez Laguens, la senadora Nanci Parrilli (FPV ? Neuquén) y familiares de víctimas de siniestros de tránsito mantuvieron un encuentro a principios de este mes para tratar la iniciativa, que pretende añadir a la legislación actual un capítulo especial sobre delitos contra la seguridad vial, y comenzarán hoy a trazar algunas estrategias para su implementación.

Estrategias. Entre los cambios figura aumentar la pena mínima para los homicidios culposos a dos años y medio de cárcel (actualmente es de seis meses), y agregar un año más en los casos en que el responsable se haya fugado del hecho. Con esta suba, la condena se volvería de ejecución efectiva.

También se analiza incrementar los plazos de inhabilitación para manejar para los responsables de homicidio culposo o lesiones graves; incorporar como delito el exceso de velocidad grave, y modificar algunos aspectos de la probation, para que no se pueda aplicar en los delitos culposos derivados del tránsito.

"Con esta reforma, queremos darle a los jueces las herramientas adecuadas. La legislación penal está atrasada en esta materia y no responde a la realidad actual. En este sentido, junto a las organizaciones de víctimas pedimos que se actualicen las leyes y se suban las penas para los delitos contra la seguridad vial", afirmó a lanacion.com Rodríguez Laguens.

El titular de la ANSV reconoció que el cambio, que implica revisar el Código Penal, no es sencillo, pero se mostró confiado en que su aplicación va a permitir que "los jueces no encuentren en las leyes excusas para no sancionar".

Próximos pasos. En el encuentro celebrado a principios de agosto, se propuso integrar a todos los senadores interesados para centralizar el avance legislativo; se acordó unificar los 16 proyectos existentes sobre seguridad vial, y se decidió conformar una comisión técnica integrada, además, por representantes del Ministerio de Salud y las comisiones de Legislación General, Justicia y Asuntos Penales. "Creemos que tenemos que trabajar en forma conjunta para lograr una reforma integral. Estamos apuntando a elaborar uno o varios proyectos consensuados para poder presentar a mediados de septiembre una única propuesta en el Senado", anticipó a este medio la senadora Parrilli.

"Debemos actuar antes de que el accidente ocurra. Hoy, se registran más de 22 muertos por día en delitos de tránsito sin contar a los que involucran lesiones leves y graves", subrayó.

El abogado Claudio Mazaira, representante legal de la asociación Madres del Dolor, una de las ONGs que está detrás de esta reforma, adelantó a lanacion.com que asesores de Parrilli, de otros legisladores y miembros del equipo técnico de trabajo se reunirán hoy con funcionarios de Salud para comenzar a diseñar un subsidio destinado a resarcir a las víctimas o a sus familiares mientras llevan adelante las causas penal y civil.

"Con esta acción, se evita la especulación que generan muchos estudios jurídicos y compañías de seguro que ofrecen sumas módicas de dinero a los damnificados", explicó. "Una vez finalizado el proceso judicial, los beneficiarios devolverían el dinero que cobraron para seguir alimentando el fondo y poder atender otras causas en el futuro", añadió.

Delitos nuevos. Por otro lado, la reforma del Código Penal contempla convertir en delitos otras conductas que atentan contra la seguridad vial para favorecer su enjuiciamiento, aunque en los accidentes no haya fallecidos o heridos.

La propuesta forma parte de un proyecto impulsado desde la asociación civil Luchemos por la Vida, presentado hace un año y medio en la Cámara de Diputados de la Nación y basado en normativas vigentes en el mundo, como la española.

Entre los delitos sugeridos, se incluyen: aquel que conduzca a una velocidad superior a los 40 km/h a la máxima establecida en esa vía; aquel que maneje con una tasa de alcohol en sangre superior a un gramo por litro y aquel que conduzca sin haber obtenido nunca la licencia de conducir o cuando lo haga estando privado o inhabilitado para hacerlo por sanción penal o contravencional o por pérdida de puntos.

"Desde el punto de vista de la prevención es mucho más disuasivo saber que cualquiera de dichas conductas implica un delito y que como tal puede significar la pérdida de la libertad personal", consideró el titular de Luchemos por la Vida, Alberto José Silveira.

En otro orden de cosas, el proyecto de esa ONG pretende, también, sumar a la legislación vigente dos agregados: que el juez tenga la facultad de inhabilitar preventivamente para conducir al imputado (profesional o no) por todo el tiempo que dure el proceso, y extender la inhabilitación de por vida para conducir profesionalmente al culpable de homicidio en el tránsito.

Futuras mejoras. Al reflexionar sobre las ventajas prácticas que traería esta reforma, Silveira planteó que por tratarse de una modificación del Código Penal, se lograría establecer inmediatamente su vigencia en todo el país sin tener que depender de la ratificación o no de todas o algunas de las provincias, como sucede con la normativa de tránsito en general.

Además, explicó que este cambio en la legislación obligaría a fiscales, policías y jueces a intervenir apenas se conoce el hecho, abriendo el proceso penal de oficio, y daría la posibilidad a cualquier ciudadano de efectuar las denuncias que hagan falta.

Qué pasa en la ciudad y la provincia de Buenos Aires

Mientras el gobierno porteño sumará la semana próxima una nueva medida para combatir la inseguridad vial y retendrá las licencias de conducir de quienes no respeten el semáforo en rojo , otros dos proyectos de ley esperan ser incluidos en la agenda de la Cámara de Diputados bonaerense para su tratamiento.

El primero contempla la creación del Plan Provincial de Seguridad Vial en Rutas para evaluar y diagnosticar el estado actual de la red vial en Buenos Aires y poder promover su mejora, mientras que el segundo busca crear un Observatorio de Seguridad Vial como centro de referencia para obtener datos e indicadores sobre la evolución de la siniestralidad en la provincia.