Hay que ganar tiempo. Tras esta consigna, el Gobierno estructura una doble estrategia judicial para afrontar el pago del laudo condenatorio por U$S 170 millones a la empresa francesa Vivendi, que explotó Aguas del Aconquija hasta la rescisión de la concesión del servicio de aguas y cloacas en 1996.

El monto del fallo fue ratificado a principios de mes por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ante una demanda de la firma que acusó a la Nación de que se habían violado compromisos comerciales entre Argentina y Francia.

El gobernador, José Alperovich, volvió a calificar ayer de grave la situación. "Es lo que más me aflige. No es fácil hallar una solución, y estamos agotando las alternativas", señaló.

Si bien no quedan instancias de apelación y la única opción es cancelar la deuda, la Provincia pretende, por un lado, diferir el pago lo más posible. En el plano internacional, impulsa que se interponga un recurso de aclaratoria ante el propio Ciadi, para que determine cómo debe ser abonada la sentencia. Este recurso corresponde en caso de que se deban corregir defectos en un fallo; cuando las decisiones son poco claras; si hay contradicción entre los fundamentos y la resolución, o si el Tribunal no se pronunció sobre algún tema.

La gestión deberá ser consensuada con el procurador General del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, quien debe autorizar que se formalice el planteo ante el organismo internacional dependiente del Banco Mundial. Este será uno de los ejes de la conversación que mantendrá Alperovich con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, la próxima semana.

Planteo local

Por otro lado, en la Fiscalía de Estado provincial se evaluará la factibilidad de presentar una acción en la Justicia Federal en beneficio del erario local, para protegerse de cualquier clase de embargo motivado por la decisión internacional. La justificación es que desviar los recursos al pago de lo sancionado por el Ciadi pondría en riesgo la estabilidad financiera e, incluso, el pago de sueldos de los empleados públicos, que tienen un carácter alimentario.

En este extremo, la principal afectada sería la Nación, que no podría cobrarse de la Provincia lo que ella deberá pagar a la empresa francesa. Este engranaje se produce porque el acuerdo vulnerado es entre países, y la demandada ante el Ciadi no es contra la Provincia, sino contra el Gobierno central.

Para evitar esta opción, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, está negociando en la Capital Federal con el secretario de Hacienda de la Nación, Juan Carlos Pezoa, una refinanciación extra del pasivo local del orden de los $ 800 millones, como acta complementaria de lo resuelto cuando se pactó, en julio, que la deuda pública iba a ser cancelada a 20 años, con una tasa del 6% anual, sin afectar coparticipación hasta 2012.

Si se logra postergar la ejecutoriedad del laudo durante este año, se podría incluir la nueva deuda en la pauta del Presupuesto 2011.