De aprobarse, regulará la contaminación del espectro electromagnético producido por las plantas eléctricas. La promueve un grupo de vecinos que vive frente a la subestación Rigolleau. El colectivo pide que limite la irradiación a un máximo de 0,3 microteslas, una cifra casi cien veces más baja que la que permite la legislación actual.
El paso inicial fue dado ya en Villa Carlos Paz, Córdoba: los bonaerenses se reunieron allí con otros ambientalistas y residentes de todo el país involucrados con la problemática y resolvieron que el texto recorte los actuales 25 microteslas (unidad de medida de inducción magnética) de tolerancia a 0,3, como los estándares internacionales lo sugieren.
Los participantes del primer encuentro de Barrios Irradiados de Argentina plantearon también que, de aprobarse el texto de la ley, no podrá volver a instalarse una subestación en zonas pobladas, como sucedió en Rigolleau, y además, que el Estado deberá “hacerse cargo de la atención de las personas que seamos afectadas por la radiación”, explicó en diálogo con LA TERCERA Isabel Palacios, miembra de los Autoconvocados.
“Tendríamos que redefinir qué es progreso. Nosotros entendemos que lo que se está haciendo es un genocidio silencioso: el ENRE salió a decir que esto no contamina, cuando la electropolución está en el tapete en todo el mundo”, criticó la mujer. El colectivo denunció que la subestación que comenzó a funcionar en junio desarrollará enfermedades en la población, especialmente en los chicos.
En rigor, “no hay una ley en Argentina. Sólo una resolución del Ministerio economía -la 77/98- que fija en 25 microteslas el límite”. Por eso, legisladores opositores como Victoria Donda Pérez y Víctor De Gennaro, se hicieron eco del reclamo y el 11 de junio congregaron a los vecinos en la Cámara Baja nacional. El camino hacia la aprobación es largo pero los vecinos saben que es el único modo de zafar del corsé lobista que parece rodear al distrito.
Armella, el de la tosquera
“A (el juez Federal de Quilmes, Luis) Armella ya lo conocemos. No se hace cargo de que mandó a la policía a reprimirnos en mayo de 2006”, dijo Palacios. La mujer se refiere al polémico magistrado que camina por la cornisa desde que el periodista Horacio Verbitsky lo acusó en los medios de favorecer a familiares suyo con millonarios contratos de la Autoridad de la Cuenca del Matanza Riachuelo (Acumar).
Esa entidad, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, está a cargo del ex alcalde de Berazategui, Juan José Mussi, que habría influenciado también en favor de Armella en tiempo de su alcaidía. También en la localización de la subestación Rigolleau sus intereses coincidieron, según la vecina: “Mussi autorizó en dos oportunidades esta obra, la segunda por decreto. Cuando fuimos a la Justicia, el expediente cayó en el juzgado de Armella, que no se pronunció hasta este año: Cuando se puso en marcha la subestación, se declaró incompetente”, recriminó Palacios.




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