La iniciativa, además de normalizar las prerrogativas solicitadas por los constructores, pide que tributen el 25 por ciento del total construido. Los fondos así obtenidos se destinarán a viviendas para familias que no llegan al crédito hipotecario pero pueden pagar algo más que un Fonavi.

En los últimos meses los alquileres se eyectaron con un ritmo de aumento que jaquea sin contemplaciones el bolsillo de miles de familias de ingresos medios. El sector incluye a las parejas que recién comienza la vida en común y que a pesar de poder aportar dos sueldos no califican para los créditos disponibles en plaza, aunque sus entradas los posicionan más allá de las viviendas sociales.

"Hay un bache que nunca fue atendido por ninguna política pública en los últimos años, es una realidad dramática, son familias que tienen trabajo pero no pueden acceder a la casa propia y padecen los alquileres que se encarecieron en forma brutal en los últimos meses", argumentó el concejal socialista Orlando Debiasi, autor de la iniciativa.

El proyecto del edil socialista para normar los convenios urbanísticos a través de los cuales en la actualidad se resuelven los pedidos de excepciones, no es el único en su tipo que ingresó al Concejo. Por eso ahora busca espacio y consenso en la comisión de Planeamiento junto a cuatro iniciativas que elaboraron otros tantos ediles. "Las estamos compatibilizando", explicó Debiasi.

Vasos comunicantes. Según Debiasi, los convenios urbanísticos son instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalizan acuerdos entre actores públicos o privados con la Municipalidad de Rosario. En ese sentido deberán formalizarse mediante documento público que establezcan las obligaciones y sanciones por incumplimiento. También se prevé conformar una comisión de amplia representación para implementarlos; esta acción quedará ad referéndum del Legislativo local.