A partir de un proyecto de ordenanza elevado por el concejal oficialista Leandro Laserna, se impulsa una modificación a la ordenanza que establece las sanciones a la prestación del servicio de transporte de personas con vehículos sin habilitación municipal. De esta forma, además de secuestrarse el rodado en cuestión, se pretende que las multas oscilen entre 4 y 20 salarios municipales. Se incrementa así el mínimo, ya que en la actualidad es de sólo un sueldo básico. La propuesta fue aprobada este miércoles por unanimidad en la comisión de Transporte.

La normativa que sufrirá modificaciones comprende la modalidad de remise, taxi, auto rural, transporte escolar, servicio de excursión y transporte privado, siempre que las ordenanzas específicas de los mencionados servicios no fijen multas superiores.

Según sostuvo el edil de Acción marplatense, es necesario “adecuar las sanciones previstas a la realidad actual a fin de producir un efecto disuasivo ante la comisión de las infracciones”.

Es que de acuerdo al departamento de Tránsito al no ser tan onerosas las multas, se dificulta frenar la proliferación del transporte ilegal.

En este sentido, Laserna señaló “la gravedad” que eso posee para aquellas personas que utilizan estos servicios clandestinos, dada la falta de seguro de responsabilidad civil del transportado o la “idoneidad de quien conduce el vehículo”.

No obstante, también es un reclamo de las distintas entidades que agrupan a los taxistas, ya que se produce una “competencia desleal y desigual frente a los distintos servicios de transporte de personas debidamente regulados y autorizados por la normativa municipal”.

Por otra parte, el concejal Fernando Maraude, del Frente para la Victoria, bregó por desarrollar una tarea conjunta y reforzar el control por parte del Estado, aunque se mostró de acuerdo con el espíritu de la propuesta.

Asimismo, desde el oficialismo enfatizaron en el “esfuerzo que cotidianamente realiza la Dirección de Transporte Municipal para evitar y sancionar este servicio ilegal”, pero habida cuenta de que la actividad continúa existiendo, se optó por readecuar el monto de las sanciones.

De igual manera, se propuso incrementar los valores de las multas en caso de reincidencia, en un mínimo de cinco sueldos básicos del personal municipal.

Vale recalcar que la normativa vigente no sólo fija sanciones pecuniarias para aquella persona que traslade pasajeros en un vehículo sin contar con la habilitación correspondiente, sino que también establece el secuestro del rodado y complementariamente, contempla la posibilidad de ordenar la inhabilitación para conducir automotores por el plazo de treinta días.

Con el consenso de las diferentes fuerzas políticas, la propuesta fue aprobada por unanimidad en comisión y tras su paso por Hacienda, podría ser convalidada definitivamente el jueves entrante en sesión para su entrada en vigencia.