Cada vez son más los sectores sociales que quieren implementar el sistema de cámaras de seguridad. Si bien el tratamiento del proyecto de ley aún no está en carpeta, se buscará consensuar el texto
El método que se pretende establecer para prevenir el delito y puesto en marcha ya en algunas ciudades de la provincia, regula en la provincia la instalación y utilización de sistemas de captación de imágenes en la vía pública o lugares de acceso público y su posterior tratamiento con el objetivo de garantizar la convivencia ciudadana.
Pero antes de la aprobación hubo que resolver cuestiones de fondo referidas al marco legal. Uno de ellas fue hasta dónde avanzar sin violar los derechos personalísimos de las personas. Otro es qué valor tendrá esa información registrada en un proceso penal.
El proyecto, en su artículo séptimo, prohíbe la cesión o copia de las imágenes. “Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas, siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en la legislación penal”, apunta el texto.
Una de las garantías que se destaca es que se prohíbe registrar datos personales o sensibles en archivos, registros o bancos que “no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad y que conlleven a la obtención de imágenes que revelen el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual de las personas”.
En ningún caso, las videocámaras podrán captar sonidos. La obtención de imágenes no tendrá, “en principio, por objetivo la formulación de denuncias judiciales por parte de la autoridad de aplicación y monitoreo, salvo la presencia de hechos delictivos, lo que tendrá que denunciarse dentro del plazo de 24 horas desde su captación ante la justicia”.
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