Frente a la denuncia realizada por la AFIP contra la cerealera Bunge por supuesta evasión tributaria, la empresa reiteró que “cumple con todas sus obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales” y se mostró sorprendida por la “coincidencia” de los allanamientos a sus oficinas y plantas con la “exigencia” del pago de un anticipo extraordinario del impuesto a las Ganancias “no amparado en norma alguna”.

La compañía volvió a dar a conocer su posición ante los allanamientos de la semana pasada, luego de que la presidenta Cristina Fernández reflotara el tema y lo presentara como “la mayor evasión tributaria de la Argentina”.

Bunge criticó lo que consideró “las falaces declaraciones de funcionarios estatales y el prejuzgamiento que se pretende instalar en la sociedad” y señaló que sus operaciones son “fiscalizadas por auditores externos, de acuerdo a normas internacionalmente aceptadas”.

A través de un comunicado, Bunge precisó que lamenta “tener que hacer notar la coincidencia de este operativo con la reunión convocada por altos funcionarios del Gobierno Nacional y realizada el día 20 de Septiembre pasado en la AFIP”.

En ese encuentro, indicó, “se exigió a las empresas del sector, entre ellas, a Bunge Argentina, el pago de un anticipo extraordinario de impuesto a las Ganancias –no amparado en norma alguna–, advirtiendo que la falta de pago implicaría la generación de serios problemas a las compañías y a sus directivos”. “No podemos dejar de relacionar este grave hecho con el allanamiento realizado y las imputaciones formuladas”, advirtió la empresa.

En regla

Mediante el comunicado, la cerealera enfatizó que desarrolla su cometido en el marco de la Constitución Nacional, las leyes y las reglamentaciones administrativas, aduaneras y fiscales –incluyendo las normas de precios de transferencia– que regulan su quehacer. “En este punto –agrega– debe hacerse notar que el Estado Nacional controla y autoriza en todo momento sus operaciones de comercio exterior, estableciendo, incluso a los fines tributarios, los precios de mercado de los productos que comercializa”, indicó la firma.

A su vez, la empresa precisó que en los años 2006 y 2007 pagó impuesto a las ganancias por más de $ 246 millones y que en 2008 obtuvo pérdidas, pero que, sin perjuicio de ello, pagó el impuesto a la ganancia mínima presunta por más de $ 33 millones. “Finalmente, el año pasado, y a raíz de ilegítimos reclamos de la Aduana al sector agroexportador, Bunge debió constituir una previsión de más de $ 426 millones que le produjo una pérdida en su balance impositivo, pagando de todos modos más de $ 30 millones de impuesto a la ganancia mínima presunta”, detalló.

Respecto del allanamiento y el secuestro de documentación realizado días atrás, sostuvo que “no aporta al Estado Nacional elemento alguno que Bunge Argentina no hubiera puesto a disposición de las autoridades fiscales con anterioridad”. “Por lo demás, la documentación secuestrada tampoco aporta elemento de juicio que pueda sustentar la imputación de delito alguno. De tal modo, no existió fundamento para justificar el allanamiento de nuestras oficinas”, añadió la compañía.