“Miles de agentes provinciales y municipales hoy se encuentran prisioneros de una institución que ha sido dolosamente llevada al quebranto y está cada vez más lejos de poder garantizar el derecho constitucional a una salud digna a sus habitantes”, dijo Bubola al retirarse del edificio de la Caja de Servicios Sociales, después de mantener una reunión con las autoridades de la delegación Caleta Olivia, a la cual concurrió acompañada del concejal Juan Acuña Kunz y de un escribano al que la legisladora invitó a los efectos que registrara legalmente el incumplimiento prestacional.

“Más allá de esta hecatombe institucional, debemos reconocer que siempre la Caja de Servicios Sociales ha sido un organismo de servicios sociales tan caro como deficiente y burócrata, y tengo claro que con mucho menos de descuento mensual los afiliados santacruceños pueden acceder a un mejor servicio de salud y para ello la legislación debería tender a otorgar al agente la libre opción de su obra social”, proponía Estela Bubola y añadía: “nada mejor que, libremente, sea el mismo agente quien decida la calidad y el precio de la prestación que pretenda brindarle a la familia y no que se encuentre obligado a adherirse a una obra social monopólica, costosa e insuficiente, como lo es la Caja de Servicios Sociales. Esto de ninguna manera pretende disolver nuestra Caja a la que podrán adherir, o seguir adheridos, quienes libremente así lo determinen, para lo cual en un esquema de sana competencia y para quedarse con sus afiliados, obviamente debería mejorar la calidad de sus prestaciones”.

Consultada la legisladora radical sobre si al respecto presentaría un proyecto de ley, manifestó: “Estamos trabajando en ello. En unos días más el proyecto va a estar confeccionado e iniciaremos una ronda de consultas. Una ley de estas características requiere el consenso, por lo menos, de sus principales beneficiarios. Para ello, en primer lugar, vamos a pedir la opinión de nuestro partido y especialmente de los gremios vinculados a la Caja de Servicios Sociales, que no son pocos y de una entidad social importante cada uno de ellos”.

“El debate por la libre opción -en sí mismo- es importante y enriquecedor. Al ofrecerle a los empleados públicos la alternativa de la libre opción, estamos apostando, en primer lugar, a la libertad y especialmente a resguardar la garantía constitucional que determina que las autoridades deben asegurar la salud de la población, cuestión que hoy está en tela de juicio”, finalizaba la legisladora radical.