La diputada radical Estela Maris Bubola, muestra la documentación que anexó a su denuncia, antes de ingresar al Juzgado Penal Nº 2 de Río Gallegos.

Caleta Olivia (agencia)

Inicialmente, la legisladora de la oposición había hecho una presentación en estrados judiciales de Caleta Olivia, pero a mediados de esta semana concurrió al Juzgado Penal 2 de Río Gallegos para realizar una ampliación de la denuncia por malversación de fondos en la obra social de los trabajadores estatales.

El gobierno provincial, en burdo intento de frenar el accionar de Bubola, se había ocupado de difundir a través de la Dirección de Prensa y la Jefatura de la Policía, un parte informativo acerca de una reyerta callejera que se produjo en Caleta Olivia, la cual involucraba al hermano de Bubola (médico de profesión) que agredió a un policía y fue a parar a un calabozo.

Lejos de amedrentarse, la diputada llevó un escrito al citado juzgado de la capital provincial, por el cual agregó pruebas y pidió a la justicia una serie de medidas para reimpulsar la investigación.

Además, vale mencionar que el escándalo en la Caja de Servicios Sociales, fue ventilado inicialmente por una funcionaria del oficialismo, Liliana Korenfeld, quien lo denunció públicamente y luego renunció a su cargo.

PIDE INVESTIGACION

“Esta denuncia la presenté como afiliada a la Caja y como diputada provincial, para que se investiguen todos los fondos del organismo durante los últimos años. Habíamos tomado conocimiento de serias irregularidades, licitaciones y contrataciones que podrían ser fraudulentas y enormes gastos en publicidad y compras muy cuestionadas. Por eso llevamos el tema a la justicia en un primer momento, hace ya unos meses, y ahora venimos a presentar más pruebas”, remarcó Bubola.

Al respecto, precisó que ahora sumaba como elemento probatorio un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas “que demuestra la comisión de varios delitos en el manejo de la Caja de Servicios Sociales”, sostuvo.

A su criterio “en principio estarían comprobados la consumación de los delitos contra la Administración Pública realizados en el manejo de la Obra Social de Empleados y Jubilados de la Provincia de Santa Cruz de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real”.

Según Bubola este informe demuestra que las denuncias realizadas públicamente fueron constatadas por el Tribunal de Cuentas “y por eso lo traemos ante la justicia, para que continúe investigando, tenga más pruebas y pueda finalmente condenar a los culpables”.

SOSPECHOSOS GASTOS

Al dar mayores precisiones, citó que está comprobado “el pago irregular de miles de pesos en publicidad oficial a medios desconocidos y en algunos casos inexistentes. En un solo mes se pagaron más de 300 mil pesos en concepto de publicidad que nunca se comprobó que haya sido emitida”.

Bubola también remarcó que “hay algunos pagos muy curiosos como la publicidad para realización de videos institucionales, carteles y demás, sin que nunca se constatara la existencia de los mismos”.

“Lo llamativo es que en muchos casos los concursos de precios fueron realizados el mismo día que se hizo la adjudicación y el pago de los contratos respectivos, violando todas las normas, por lo cual hay muchos tramites express que nadie puede explicar”, afirmó.

Asimismo volvió a referirse al “famoso asado de despedida que los antiguos interventores realizaron para homenajearse. El mismo se hizo el 7 de diciembre de 2011 y costó $28.000”.