El informe del Tribunal de Cuentas es lapidario sobre irregularidades encontradas en el ejercicio anterior de la CSS. Pero también revela que si bien la deuda al 9 de abril de este año, de la obra social, era de casi 200 millones de pesos, entre los municipios y los organismos descentralizados y autárquicos del Estado se le adeudaba a la Caja más del doble de esa cifra.
En esta presentación acompañó el informe que elevara la jefa de Auditoría del Tribunal de Cuentas, Pamela Luna, y la auditora Alice Quinteros al vocal del Tribunal Mario Layún, responsable de la verificación de las cuentas de la CSS.
Dicho informe se inició el pasado 10 de febrero y su resultado fue elevado el 12 de abril al Vocal para que actúe en consecuencia.
Layún le corrió vista a la Caja de Servicios Sociales, en la figura del interventor José Vera y del director general de Administración Santiago Márquez, reclamándoles una serie de aclaraciones sobre las observaciones realizadas por las auditoras, quienes a su vez le dieron vista al Departamento Legal de la obra social para determinar las acciones a seguir.
En el informe en cuestión se reflejan una serie de irregularidades, imputaciones mal realizadas o en forma “casera”, como así también pagos onerosos que no se corresponden ni con los procedimientos legales de la ley de contabilidad ni con las necesidades de la obra social.
Las denuncias
Luego de la solicitada que hiciera pública Liliana Korenfeld, el 3 de enero, luego de concretar su alejamiento del cargo de Interventora de la CSS, denunciando fuertes desmanejos dentro del organismo, se sucedieron tres acciones.
Una, la determinación del Tribunal de Cuentas de iniciar una auditoría sobre todo el año 2011, que comenzó el 10 de febrero. Y las dos restantes fueron en términos judiciales. Una de las denuncias fue presentada por la diputada Estela Bubola en Caleta Olivia y la otra por la Mesa de Unidad Sindical en Río Gallegos.
A raíz de la existencia de esta última y ante la falta de avance de la presentación realizada en la ciudad del Gorosito, la diputada radical decidió ayer, con el informe de la Auditoría del Tribunal de Cuentas en mano, concretar una ampliación de la denuncia realizada por los gremios.
En la misma hace hincapié en las “irregularidades” que el informe confirmó existieron en la obra social, al menos el año pasado, y que la auditoría, en sí, constituye “una prueba fehaciente” de ello.
Las irregularidades
En un resumen de las observaciones realizadas por el TC, se señalan que los registros contables “no son llevados con las formalidades exigidas por la ley, los saldos están manuscritos con lápiz negro, no se trasladan de foja a foja, faltan registraciones de cheques, existen espacios en blanco, lo que permitiría intercalaciones de asientos, a la vez que no se utilizaban los cheques en forma correlativa”.
Se configura, para la diputada, el delito de malversación de fondos o la de “apropiación indebida de Tributos”, al constatarse, a su criterio, ante el movimiento de fondos de la cuenta corriente “Fondos de Terceros” la toma y “devolución” de fondos, cuando los mismos tienen un destino específico a partir de la condición de “Agente de Retención” de parte de la obra social.
La última reforma de la Ley Penal Tributaria -24.769-, señala en su art. 6 – Delitos Tributarios- que la apropiación Indebida de Tributos tendrá prisión de entre 2 a seis años para el agente de retención o de percepción que no depositare total o parcialmente dentro de los 10 días de vencido el plazo de ingreso el tributo retenido o percibido siempre que el monto superase la suma de $ 40.000 por mes.
Otros hechos
En gastos de publicidad se observaron pagos a distintos medios, donde en la mayoría de los casos no existía nota de pedido de la publicidad requerida ni contrato ni constancia de que la misma se hubiera realizado, previo a su cancelación.
También en casos de concursos de precios concretados para la contratación de publicidad institucional, “no existe constancia de recepción” de lo adquirido (en el caso de carteles, spots, etc.).
Y lo que es peor, en algunos casos, se verificó la realización de concursos, su adjudicación y pago al proveedor elegido, todo en el mismo día.
El colmo de estas irregularidades se ejemplifica con el Concurso de Precios Nº 225/11 (para la adquisición de bolsos, bolígrafos y tazas), que se adjudicara a la firma Antu Producciones, ya que el acto administrativo que aprueba y adjudica el Concurso es del 7 de diciembre de 2011 (el mismo día de la jura y asunción del gobierno provincial) pero la factura que acredita dicha compra por parte del proveedor tiene fecha anterior, 2 de diciembre de 2011.
“Cabe destacar que las auditoras concluyen este ítem Publicidad que considera oportuna la apertura de un Juicio Administrativo de Responsabilidad por presunto perjuicio patrimonial al erario público por la suma de $ 214.530,00” sostiene en su denuncia Estela Bubola.
Gastos innecesarios
Otro de los puntos criticados es el asado de fin de año que se realizó en la Caja de Servicios Sociales, imputado ese mismo 7 de diciembre por 28 mil pesos, que fue observado por la auditoría, pero que el propio interventor de la Caja de Servicios Sociales, José Vera, ayer, sostuvo que “hay una tradición histórica de La Caja, aunque como yo no estaba en los últimos dos años”. Dijo que se cuestiona que por Administración se haya pagado este asado, pero que en realidad “se trata de una fiesta del personal que es una tradición que sirve para juntarse y compartir”, reiteró.
Pero las cosas no terminan allí, otra contratación que llamó la atención es el pago de alquiler de 50 computadoras a un monto de 25 mil pesos por mes. O el incremento de un mes a otro de un 20% de un alquiler de inmueble sin que se cumplieran los pasos procesales que marca el decreto 1.741 de locación.
Párrafo aparte mereció el convenio de contraprestación con la firma TRADITUM S.A. para el manejo de las tarjetas magnéticas y el sistema de transacciones, que planteaba una cápita mensual de 3,60 pesos por afiliado a razón de 105.439 Cápitas Mensuales. La impresión de 160.000 plásticos a razón de 1,50 pesos cada uno y la contratación de 2.000 horas hombres, como servicio de consultoría, por un valor de $ 193,60 por hora.
A un año de su implementación, sólo funciona en algunas farmacias, pese a que la Obra Social ha pagado, casi en su totalidad, lo convenido.
Deudas y acreencias
En otro párrafo de la denuncia y parte del informe de la Auditoría se establece un corte al 9 de abril de este año. A ese día, la obra social tenía una deuda a proveedores y prestadores de $ 194.067.917,00 conforme informe presentado por el director general de Administración y Finanzas.
En tanto que los Municipios adeudan en concepto de aportes patronales y personales, coseguros y voluntarios, a la Caja de Servicios Sociales, con cierre al 10 de diciembre de 2011, un total de $ 335.952.025,25, a lo que se le suma la deuda acumulada de los Organismos de la Administración Central, Organismos Descentralizados y Sociedades del Estado, ascendiendo a un total de $ 415.626.266,31.
La diputada solicita se cite a prestar declaración testimonial a las auditoras firmantes del trabajo y se cite a declaración indagatoria a todos aquellos funcionarios involucrados en el delito de malversación de fondos y apropiación en perjuicio de la Administración Pública provincial.
Alvarez reclamó liberar remedios
“Moreno está esperando que se le muera un enfermo para liberar los remedios”, lanzó la diputada Elsa Alvarez ayer.
Sostuvo que “interrumpir, por medidas económicas, el tratamiento a enfermos graves es inhumano, y hago responsable al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por la vida de los pacientes que luchan y no reciben un tratamiento adecuado por la falta de insumos”.
Para la legisladora “Moreno se ríe del Congreso y de toda la sociedad, se cree todopoderoso e intocable, hemos pedido en reiteradas oportunidades al gobierno que lo instruya para que revise las medidas, pero el Poder Ejecutivo no nos ha contestado”.
“La falta de remedios no ha hecho más que complicar la situación de los enfermos para los cuales son imprescindibles esas drogas, sumando una carga adicional de angustia e impotencia a la dolencia que padecen”, señaló Alvarez.
“La asistencia de Moreno al Congreso es necesaria para tomar medidas cuanto antes, ya que por las trabas a las importaciones no pueden tener el mismo tratamiento un producto de lujo, de recreación, de comunicación o un auto, que un medicamento, que debe considerarse como un bien social, Moreno deberá explicarnos también si tuvo en cuenta que sus decisiones iban a provocar escasez y subas de precios”, concluyó Alvarez.
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