En la vasta recorrida, les hicieron conocer a los usurpadores cuáles serían las penalidades que les cabrían en caso de que no depongan su actitud. Afortunadamente la gente “comprendió rápidamente y de buena manera aceptó desalojar los terrenos y las viviendas ocupadas ilegalmente”, dijo el procurador general.

Agregó que las herramientas que posee el Estado Provincial y la Justicia se van a poner en práctica en caso que persistan en la ocupación de viviendas y terrenos del Estado y privados.

Toro expresó su optimismo al decir que: en general la gente mostró una buena predisposición al escuchar las soluciones propuestas por las autoridades del Ivuj.

Sostuvo que en la mayoría de los casos la gente irrumpió ilegalmente en viviendas de San Antonio y de Aguas Calientes, por ejemplo, por temor a que otras personas que no son de la localidad las ocuparan. Cabe destacar que esta gente son aspirantes a adjudicatarios de esos programas de viviendas.

El procurador explicó que en caso de que la gente no deponga su actitud, se aplicará lo previsto por la ley ya que “la usurpación está tipificada como comisión de delito en el Código Penal Argentino y el Poder Judicial se expresó haciendo referencia al pleno estado de derecho y que las usurpaciones no serán toleradas”.

Recordó que el Estado provincial a través de un comunicado dijo que con trabajo, razonabilidad y con la Ley en la mano, se irán resolviendo los problemas que plantea el crecimiento demográfico de la Provincia y que los obliga a ser prudentes.

Por su parte el fiscal Zurueta sostuvo que no se tolerarán intromisiones, y que el Poder Judicial actuará de acuerdo a la ley para resolver cada situación que se vaya presentando. Subrayó que en caso de que los ocupantes ilegales no depongan su actitud, se verá en la obligación de imputarles la comisión de delito.

Zurueta sostuvo que las viviendas y terrenos que se vayan desocupando serán resguardados por la fuerza policial para evitar que haya nuevas intromisiones. Expresó su optimismo ya que a la luz de los resultados los objetivos se van cumpliendo, “de que la gente deponga su actitud y abandone los lugares ocupados ilegalmente”.

En tanto el presidente del Ivuj Facundo Figueroa Caballero dijo que desde la institución que él conduce no se quiere sancionar a nadie. Recordó que los estatutos del instituto prevén que los ocupantes ilegales queden inhabilitados de por vida para acceder a una vivienda, “pero no queremos sancionar a nadie, por eso es que les pedimos que reflexionen”.