Legisladores de la oposición no están dispuestos a que la renuncia de Miguel Brito tape el escándalo en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Ocurre que desde que el gobernador, José Alperovich, llegó al poder, otorgó más facultades a la DAU para el emprendimiento de trabajos que habitualmente estaban a cargo de los intendentes. De hecho, hasta autorizó que realizara obras de cordón cuneta y pavimento con recursos del Fondo Federal Solidario (se constituye con parte de la retención a la exportación de soja). Incluso, esa dirección fue autorizada por la Legislatura para realizar contrataciones para trabajos de hasta $ 150.000 y así evitar los llamados a licitación.

Precisamente, a esas facultades extraordinarias le apuntan legisladores de la oposición tras el alejamiento de Brito del cargo. El jueves, el ex bussista dimitió por pedido del mandatario. Dos días antes, LA GACETA había dado a conocer la Acordada N° 1.694 del Tribunal de Cuentas (TC). Mediante ese documento, el ente de control frenó un pago de casi $ 130.000 autorizado por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo para comprar en forma directa reflectores para la fachada de la Casa de Gobierno. Pero, según los ingenieros fiscales del TC; la operación presentaba precios "no razonables". En realidad, el tribunal halló sobreprecios de entre un 42% y un 128%. En consecuencia, ordenó a la DAU que se abstenga de ejecutar la compra.

En 40 días

Tras el escándalo y la renuncia de Brito, el radicalismo pretende que la Legislatura cree una comisión investigadora para indagar sobre la gestión del ex funcionario en la repartición.

La iniciativa de la legisladora Silvia Elías de Pérez dispone la conformación de un órgano integrado por tres parlamentarios (dos de la oposición y uno del oficialismo). Esta comisión tendrá como objetivo analizar y detectar los procedimientos y posibles irregularidades cometidas en las tramitaciones realizadas por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo "para las ejecución de obras y/o trabajos realizados por contratación directa, previo cotejos de precios, de bienes y/o servicios, en el marco de la Ley N° 7960".

Precisamente, la norma es la que faculta a la DAU a evitar el llamado a licitación en contrataciones de obras y servicios por hasta $ 150.000, con la sola declaración de trabajos "prioritarios". La ley fue aprobada en 2007 a instancias del vicegobernador Juan Manzur (hoy en uso de licencia mientras dure su gestión como ministro de Salud de la Nación). "Este mecanismo dio pie para que desde la Dirección de Arquitectura y Urbanismo se montara un mecanismo plagado de gruesas irregularidades. Esto lo pudo constatar el Tribunal de Cuentas, que aprobó innumerables acordadas donde mostraba tales irregularidades", alertó la legisladora Elías de Pérez.

La opositora pretende mediante su proyecto que la comisión investigadora eleve al pleno de la Cámara sus conclusiones en un plazo no mayor a los 40 días desde su conformación. Paralelamente, Elías de Pérez reclamó la derogación de la Ley N° 7.960, con el argumento de que dio pie a numerosas irregularidades en esa repartición. "La DAU contrató directamente por más de $ 40 millones sólo en los años 2010 y 2011. Y en lo que respecta a 2012, las autoridades dejaron de publicar los cotejos de precios, tal como lo indica la Ley N° 7.960 en la página web de la provincia", reforzó.

Finalmente, la referente del radicalismo consideró que, si la comisión investigadora detecta anomalías y actos reñidos con la ley, la Cámara tiene la obligación de concurrir a la Justicia.

Varias observaciones del Tribunal de Cuentas a la "gestión Brito"

En lo que va del año, el Tribunal de Cuentas objetó al menos cuatro expedientes de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. La Acordada 137, por ejemplo, frenó un expediente para dotar de alumbrado un barrio de la capital. Según los ingenieros fiscales, ese sitio ya contaba con iluminación. De acuerdo con datos de Silvia Elías de Pérez (UCR), la DAU contrató en 2010 obras por $ 26 millones y, en 2011, por $ 14 millones. "Se le pagaron a siete empresas $ 14,7 millones, casi un 30% del monto total en esos dos años", advirtió.